Medio ambiente en riesgo por fallo de Corte Suprema de Brasil

[:pb]Fonte: Sci Dev Net

Por: Rodrigo de Oliveira Andrade

[SAO PAULO] La declaración de constitucionalidad otorgada por la Corte Suprema de Brasil a diversos cambios del nuevo Código Forestal de 2012 pondría en riesgo la restauración de grandes áreas afectadas por la degradación en la Amazonía, y ha significado un duro golpe para los ambientalistas, quienes señalan que la decisión judicial constituye una victoria para los lobistas de los agronegocios.

El fallo del tribunal en buena cuenta constituye una amnistía constitucional para los productores rurales que antes de julio de 2008 desbrozaron ilegalmente las reservas legales —áreas que por ley deben ser intocables— para establecer allí actividades agrícolas y ganaderas.

Con una votación de 6 a 5, los magistrados de la corte superior decidieron condonar las multas y archivar las demandas ambientales contra los propietarios que se hayan inscrito en programas de regularización ambiental para compensar y revertir los daños causados anteriormente. La mayor parte de los beneficiados son grandes agricultores.

Algunos ambientalistas dicen que la decisión es injusta para los productores rurales que cumplieron estrictamente con las reglas contra la deforestación establecidas antes del nuevo código.

“Para emitir su fallo del 28 de febrero, los magistrados tomaron en cuenta los intereses económicos en lugar de las evidencias científicas, e incluso uno de los magistrados llegó a afirmar que la ciencia no debía ser considerada en el proceso ya que es una ‘actividad de conjeturas’”, reseñó a SciDev.Net el agrónomo José Antônio Aleixo da Silva, del Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad Federal Rural de Pernambuco.

“Además, la amnistía por crímenes ambientales impedirá restaurar alrededor de 41 millones de hectáreas forestales”, denuncia a SciDev.Net.

El juicio comenzó en septiembre de 2017, después de que la Procuraduría General de la República presentara una serie de acciones cuestionando la constitucionalidad de 23 artículos del nuevo Código Forestal que, a su juicio, implicaban grave riesgo para la conservación ambiental.

El fallo también oficializa reducir de 80 a 50 por ciento el tamaño de las reservas legales en los estados o ciudades de la región amazónica que  tienen más de la mitad de sus territorios ocupados por reservas indígenas o áreas protegidas.

La decisión de la Corte Suprema conducirá a reducciones significativas de las Áreas de Protección Permanente, y representará una gran pérdida de áreas ambientalmente sensibles, principalmente en la región amazónica”.

José Antônio Aleixo da Silva, Universidad Federal Rural de Pernambuco

La decisión permite asimismo reducir el tamaño de las Áreas de Protección Permanente (APA), que se extienden por todo el país, algunas en cabeceras de cuencas, otras en lugares estratégicos para la agroindustria, junto a lagos o ríos, y que son fundamentales para mantener el suministro de agua y evitar desastres climáticos como inundaciones y deslizamientos de lodo.

Debido a la decisión del alto tribunal, los propietarios que desbrozaron ilegalmente las APA podrán obtener autorización para desbrozar un 30 por ciento más de tierra. Además permite actividades agrícolas en laderas empinadas y cimas de colinas, lo cual es nocivo porque puede desencadenar la erosión del suelo.

“La decisión de la Corte Suprema conducirá a reducciones significativas de las APA, y representará una gran pérdida de áreas ambientalmente sensibles, principalmente en la región amazónica”, advierte da Silva.

El fallo del tribunal se dio a pesar de que la Sociedad Brasileña para el Avance de la Ciencia y la Academia Brasileña de Ciencias enviaron una carta con argumentos técnicos y científicos para apoyar el análisis de los magistrados.

El biólogo Sérgius Gandolfi, de la Escuela de Agricultura Luiz de Queiroz de la Universidad de São Paulo (Esalq-USP), señala que se trata de una decisión equivocada con graves consecuencias para la conservación del medio ambiente.

“La Corte Suprema falló a favor de los poderosos intereses de los agronegocios”, refiere a SciDev.Net. “Perpetuará la degradación ambiental en áreas protegidas, pues redujo drásticamente las áreas de restauración que ayudarían a revertir la degradación ya existente”, destaca el biólogo, quien participó en los debates que precedieron a la aprobación del nuevo Código Forestal.

Solo entre agosto de 2016 y julio de 2017 la tasa de deforestación en la selva amazónica brasilera ascendió a 2.834 km2, un área cuatro veces más grande que Salvador, la principal ciudad de Bahía, al noreste de Brasil.

Según un estudio publicado en enero de 2018 en la revista Nature Communications, si se siguen destruyendo los bosques al ritmo actual —de alrededor de 7 mil km² por año en el caso de la Amazonía—, en tres o cuatro décadas habrá una gran pérdida acumulada, lo que intensificará el proceso de calentamiento del planeta, independientemente de los esfuerzos que se hagan para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para Gandolfi, es necesario retomar el Código Forestal anterior, que obligaba a recuperar mayor cantidad de selva. Eso también permitiría una mayor y más pronta reducción de las emisiones, además de que, concretamente, se salvarían ríos, lagunas y manglares, entre otros ecosistemas.

Casi el 90 por ciento de los canales fluviales de Brasil tienen menos de 10 metros de ancho.
Para esas áreas, la legislación anterior, que data de 1965, contemplaba una franja de protección de la vegetación ribereña de 30 metros en cada orilla, para proteger los riachuelos.

“El código actual permite una reducción de la banda de protección de acuerdo con el tamaño de la propiedad, que puede llegar a ser de tan sólo cinco metros”, señala.

“Desde el punto de vista ambiental, es imposible tener una percepción optimista del fallo”, comenta a SciDev.Net Roberta del Giudice, secretaria ejecutiva del Observatorio del Código Forestal.

“Aunque los magistrados pusieron énfasis en los principios constitucionales que salvaguardan la protección ambiental, las decisiones que tomaron favorecen la reducción de la protección que existía previamente en la ley”, destaca.

Ahora, científicos y ambientalistas tendrán un arduo trabajo para aplicar la nueva legislación, pues el nuevo Código Forestal presenta una serie de desafíos de implementación, tales como las amplias áreas que se restaurarán y compensarán.

En São Paulo, investigadores del Esalq-USP han iniciado un proyecto que generará mapas, datos cuantitativos y otro tipo de información para apoyar la implementación del programa de recuperación ambiental del estado, de acuerdo con los requisitos del nuevo Código Forestal.

“Ya hemos generado mapas e información sobre cómo serán cubiertas la vegetación y las áreas de producción agrícola en 20 años, cuando el programa de recuperación ambiental del estado se consolide por completo”, dijo el agrónomo Ger Sparovek, de Esalq-USP.

“La comunidad científica cumple un rol fundamental en la generación de datos y en proteger los bosques, traduciendo sus estudios para que la sociedad, los parlamentarios y el poder judicial comprendan mejor el tema”, añade Roberta del Giudice.[:]

“Muito dito e pouco feito”

“Muito dito e pouco feito”

Artigo de Raul Valle (ISA), André Lima (IPAM) e Luis Fernando Pinto (Imaflora) – membros do Observatório do Código Florestal – originalmente publicado na coluna Tendências e Debates da Folha de São Paulo.

Em maio completaram-se dois anos da aprovação do novo Código Florestal, a lei que estabelece padrões mínimos de conservação ambiental para 72% do território brasileiro.

Tendo como objetivo central a anistia a desmatamentos realizados até julho de 2008, a nova lei resultou em dispensar a recuperação ambiental de pelo menos 29 milhões de hectares que deveriam ter sido protegidos pela lei anterior, conforme apontou um estudo publicado pela revista “Science”. Maior que o Estado de São Paulo, tal área é ocupada majoritariamente (80%) por pastagens de baixa produtividade.

A nova lei, contudo, chegou com a promessa de que promoveria o “maior programa de restauração florestal do mundo”, já que ainda há pelo menos 38 milhões de hectares de áreas ambientalmente importantes a serem restauradas em todo o país. Para tanto, previu a criação de Programas de Regularização Ambiental (PRAs) e a instituição de um Cadastro Ambiental Rural (CAR), que deveria ser um raio-X da situação ambiental dos mais de 5 milhões de imóveis rurais do país, e a base para se iniciar a tão anunciada restauração.

Finalmente, no início do mês de maio, foram publicados o decreto nº 8.235 e a instrução normativa nº. 2/2014, que definiram o funcionamento do PRA e do CAR. O que deveria ser motivo de comemoração, no entanto, acabou tendo um gosto amargo.

Salta aos olhos que nenhuma outra política de apoio à regularização ambiental, para além do CAR, que é mero instrumento, foi estruturada. O pacote não traz nenhuma medida nova de incentivo ou apoio à restauração. Se não houver, por parte do governo federal e dos Estados, um plano estruturado, com metas e orçamento disponível para oferecer assistência técnica e apoio financeiro ao produtor, além de incentivos econômicos para recuperar florestas, dificilmente avançaremos. Imaginar que o mero cadastramento já será suficiente é, no mínimo, ingênuo.

Além disso, a própria qualidade das informações constantes do CAR, a valer a regra federal, é questionável. Venceu a tese de que o CAR é “declaratório”. Significa que o produtor fará seu cadastro sem o apoio de um técnico especializado e sem fazer um levantamento de campo. Como a lei é complexa de se entender e aplicar, e nem todos os proprietários rurais estão realmente dispostos a repor parte das florestas derrubadas, já se pode antever uma variedade de problemas nas informações cadastradas que somente serão percebidas anos depois.

Isso vai aumentar muito o ônus dos órgãos ambientais dos Estados, que terão que analisar e validar (ou não) cada um dos milhões de cadastros. Segundo pesquisa do Observatório do Código Florestal, nenhum dos Estados fez ou pretende fazer contratações de técnicos dedicados exclusivamente a essa análise. Pelo andar da carruagem, demorará décadas até que parte expressiva dos cadastros tenha informações de qualidade. E o CAR dificilmente se tornará um instrumento de apoio à gestão ambiental.

Preocupa ainda a indisposição da maioria dos governos estaduais em relação ao assunto. Entre as promessas que acompanharam a nova lei estava a de que ela ofereceria um “piso nacional” quanto à proteção/recomposição de florestas, o qual deveria ser complementado por regras estaduais. São Paulo, por exemplo, que tem 13 de suas 20 bacias hidrográficas com menos de 10% de cobertura florestal e que sofre com um dos mais agudos problemas de falta de água de sua história, deveria propor formas inovadoras de induzir o setor agropecuário a recuperar parte das florestas em margens de rios e áreas de recarga de aquíferos, para atingir, pelo menos, 25% de vegetação nativa em suas bacias, como apontam diversos estudos científicos.

No entanto, tramita na Assembleia Legislativa paulista o projeto de lei nº. 219/14, que não só adota o mesmo baixo nível da regra federal como diminui ainda mais a proteção de suas poucas áreas de cerrados. Não há nenhuma inovação para promover mais proteção e nenhum olhar sobre as peculiaridades do território paulista. O projeto desconsidera os comitês de bacias hidrográficas e os estudos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) sobre áreas prioritárias para a restauração florestal. Na região do Cantareira, região estratégica de abastecimento público para milhões de paulistas, sobraram apenas 21% de florestas. As beiras de rios têm 37% de pastos e o projeto de lei ignora essa situação. O Estado formador de opinião deveria dar um sinal melhor para o país.

RAUL SILVA TELLES DO VALLE, advogado, é coordenador-adjunto de políticas públicas do Instituto Socioambiental (ISA)
ANDRÉ LIMA, advogado, é consultor em políticas públicas do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam)
LUÍS FERNANDO GUEDES PINTO, engenheiro agrônomo e doutor em agronomia pela USP, é gerente de certificação do Instituto de Manejo e Certificação Florestal Agrícola (Imaflora) e membro da Rede Folha de Empreendedores Sociais
ISA, Ipam e Imaflora são membros do Observatório do Código Florestal

 

Florestas em São Paulo: oportunidade perdida

Florestas em São Paulo: oportunidade perdida

Roberto Resende – Presidente da Iniciativa Verde*
O PL 219  foi aprovado na noite de quarta-feira, 10/11 pela Assembleia Legislativa de São Paulo. A proposta, do deputado Barros Munhoz e outros líderes de partidos da base governista, visa regulamentar a aplicação do Código Florestal no Estado (o que não foi feito antes pelo Executivo). Seu trâmite foi acelerado na Assembleia, com relatores especiais e regime de urgência. As poucas discussões com participação das entidades da sociedade civil só aconteceram na reta final. Assim, houve pouca oportunidade para ampliar a discussão e melhorar o texto, o que aconteceu especialmente com a participação por parte da bancada de oposição. Houve também mobilização por diversos setores, entidades de produtores rurais, ambientalistas, com destaque para a Aliança pela Água de São Paulo, já que a questão florestal está ligada diretamente com a crise hídrica vivida no estado atualmente.

Este processo de participação e mobilização foi um bom saldo do processo.

Ao final este processo implicou na melhoria da redação, a começar de sua forma, que inicialmente era bastante extensa e repetitiva. Quanto ao conteúdo foram evitados maiores retrocessos, mas por outro lado, também não ocorreram avanços.

Basicamente, a lei aprovada manteve vários dos dispositivos da lei federal 12.651/2012, até porque não poderia contrariá-la. Dentre estes está a polêmica “escadinha”, que escalona as obrigações de recuperar as faixas ciliares em função do tamanho dos imóveis. Este ponto e outros, como as diversas dispensas de recuperação das APPs (Áreas de Proteção Permanentes) e reservas legais são objeto de vários questionamentos, inclusive de Ações de Inconstitucionalidade (Adins), por parte do Ministério Público Federal, ainda não julgadas.

Mas, efetivamente, nos pontos onde poderia haver margem de manobra para melhor atender a realidade socioambiental paulista pouca coisa foi feita!

Foi barrada uma menção explicita à tese que o Cerrado não é protegido pelas versões mais antigas do Código Florestal. Se houvesse o entendimento de que é importante conservar e recuperar este Bioma poderia se feito algum comando neste sentido, esclarecendo mais um ponto de dúvida na Legislação Brasileira.

O mesmo pode ser dito quanto à possibilidade de compensação de Reservas Legais fora do estado. A Lei Federal assim o permite, mas a crítica situação socioambiental de São Paulo provavelmente não.

Ao omitir esses dois temas a lei os deixa para um regulamento, o que não contribui nem para conservação ambiental, nem para segurança jurídica e agilidade de processos administrativos e judiciais.

O projeto incluía a questão das Áreas de Preservação Permanente (APPs) urbanas, apesar de ser apresentado como uma lei para o meio rural. Estes pontos foram retirados em sua maior parte, mas restou ainda o artigo 40, que trata da regularização do uso destas áreas.

Existem ainda alguns pontos que geram confusão, como o que pode tornar compulsória a constituição de Servidão Ambiental ou CRA no caso de excedentes de reservas, por decisão da autoridade e não do proprietário (§ 6º art. 12), e também o que permite recuperação de faixa ciliar abaixo do definido na Lei Federal para imóveis maiores (inciso 1 do § 5ºdo art. 14).

Podemos registrar alguns pontos positivos, como a previsão no nível estadual de instrumentos econômicos, com prioridade para a agricultura familiar.

Mas, foi perdida uma oportunidade para criar uma lei que inovasse onde fosse possível, atendendo as particularidades de São Paulo, estado que já foi liderança na questão ambiental. No geral, essa nova lei repete a federal e nem avança tanto na segurança jurídica esperada pelos agricultores.

A nova lei já é uma realidade, e agora?

Inicialmente é importante avaliar como fazer ajustes na redação. A princípio, propor vetos. Sem desmerecer todo o processo de discussão, o ideal seria o veto dos artigos que repitam ou colidam com o Código Florestal, ou seja, quase integral, o que obviamente tem alto custo político. Em uma perspectiva mais realista seria importante vetar pontos como o § 6º art. 12 e o inciso 1 do § 5ºdo art. 14, e o Artigo 40, que trata de áreas urbanas.

Além disto, é a hora de prosseguir no processo de mobilização agora em andamento, com os vários setores, já que ainda faltam diversos pontos para a efetivação da lei florestal em São Paulo.

Um passo inicial é começar a discussão de uma regra especifica para as APPs urbanas, com todas as implicações para a qualidade de vida nas cidades.

É preciso avançar na implementação dos instrumentos como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), concluir a definição ainda necessária do regulamento para o PRA por parte da SMA e sua necessária articulação com o licenciamento ambiental.

Também é necessário iniciar a aplicação efetiva dos instrumentos econômicos, a partir de uma ampla discussão com setores interessados.

Para tanto, é bom ter-se o envolvimento das diversas instâncias de participação, novas e existentes, como conselhos e Comitês de Bacia, em especial o Conselho Estadual de Meio Ambiente, o CONSEMA, ausentes nas discussões até aqui.

Temos muito que fazer e também muito a contribuir. Portanto, mãos a obra!

*Roberto Resende é agrônomo e Mestre em Ciência Ambiental

 

Forests in São Paulo: Lost opportunity

Roberto Resende – President of the Green Initiative*

The  PL 219  It was approved late on Wednesday, 11/10 by the Legislative Assembly of São Paulo. The proposal by Mr Barros Munhoz and other leaders of the governing coalition parties, intended to regulate the application of the Forest Code in the state (which was not done before the Executive). Its course has been accelerated in the Assembly, with special rapporteurs and urgently. The few discussions with participation of civil society organizations just happened down the stretch. Thus, there was little opportunity to broaden the discussion and improve the text, which happened especially with the participation from the opposition bench. There was also mobilization by several sectors, entities of farmers, environmentalists, especially the Alliance for Water São Paulo,

This process of participation and mobilization was a good balance of the process.

At the end of this process involved the improvement of writing, starting from its shape, which initially was quite extensive and repetitive. As for the content they were avoided major setbacks, but then also there were no advances.

Basically, the law passed kept several of the devices federal law 12,651 / 2012, because it could not contradict her. Among them is the controversial “ladder”, which scales the obligations to recover riparian bands depending on the size of the property. This point and others, like the various layoff recovery of PPAs (Permanent Protection Areas) and legal reserves are subject to a number of questions, including Unconstitutional Actions (Adiņš), by the Federal Public Ministry, not be judged yet.

But effectively, the points where there might be scope to better serve the São Paulo environmental reality little has been done!

It was barred one explicit mention to the thesis that the Cerrado is not protected by older versions of the Forest Code. If there was an understanding that it is important to conserve and recover this biome could be done any command in this regard, clarifying a point of doubt in Brazilian legislation.

The same can be said about the possibility of legal reserves of compensation out of state. Federal law so permits, but the critical environmental situation of Sao Paulo probably not.

By omitting these two themes the law leaves them a regulation, which does not contribute to environmental conservation, or for legal certainty and speed of administrative and judicial proceedings.

The project included the issue of Permanent Preservation Areas (PPAs) City, despite being presented as a bill to the countryside. These points were taken for the most part, but still remained Article 40, which deals with the regulation of the use of these areas.

there are still some points that generate confusion as to what can make mandatory the establishment of Environmental Easement or CRA in the case of reserve surpluses, by decision of the authority and not the owner (§ 6 art. 12), and also allowing recovery ciliary band below the set in the Federal Law for larger properties (paragraph 1 of § 5ºdo art. 14).

We register some positive points, such as the prediction at the state level of economic instruments, giving priority to family farming.

But an opportunity has been missed to create a law that inovasse wherever possible, given the particularities of São Paulo, a state that has been leadership in environmental issues. Overall, this new law repeats the federal nor advances in both the legal certainty expected by the farmers.

The new law is already a reality, and now?

Initially it is important to evaluate how to make adjustments in writing. The principle proposed veto. Without discrediting the entire process of discussion, the ideal would be the veto of articles or repeat conflict with the Forest Code, or almost full, which obviously has a high political cost. In a more realistic perspective it would be important veto points as § 6 art. 12 and paragraph 1 of § 5ºdo art. 14, and Article 40, which deals with urban areas.

Moreover, it is time to continue the mobilization process now underway, with the various sectors, since there are still many points to the effectiveness of forest law in São Paulo.

An initial step is to start the discussion of a rule specifies to urban PPAs, with all the implications for the quality of life in cities.

It is necessary to advance the implementation of instruments such as the Rural Environmental Registry (CAR), finish still required definition of regulation for the PRA by SMA and its necessary link with the environmental licensing.

It is also necessary to start the effective use of economic instruments, from a broad discussion with interested sectors.

Therefore, it is good to have the involvement of the various levels of participation, new and existing, such as advice and Basin Committees, particularly the State Environmental Council, the CONSEMA, absent in the discussions here.

We have much to do and too much to contribute. So get to work!

* Roberto Resende is agronomist and Master in Environmental Science

Roberto Resende – Presidente de la Iniciativa Verde*

Los bosques en Sao Paulo: oportunidad perdida

El  PL 219  Fue aprobado tarde el miércoles 11/10 por la Asamblea Legislativa de Sao Paulo. La propuesta del Sr. Barros Munhoz y otros líderes de los partidos de la coalición de gobierno, destinadas a regular la aplicación del Código Forestal en el estado (que no se hizo antes de que el Ejecutivo). Su curso se ha acelerado en la Asamblea, con los relatores especiales y con urgencia. Las pocas conversaciones con participación de las organizaciones de la sociedad civil que acaba de pasar en la recta final. Por lo tanto, había poca oportunidad de ampliar la discusión y mejorar el texto, lo que sucedió en especial con la participación de la banca oposición. Hubo también la movilización de varios sectores, entidades de agricultores, ambientalistas, especialmente la Alianza por el Agua Sao Paulo,

Este proceso de participación y movilización fue un buen equilibrio del proceso.

Al final de este proceso que implica la mejora de la escritura, a partir de su forma, que en un principio era bastante amplia y repetitiva. En cuanto a los contenidos que se evitaron mayores contratiempos, pero también no hubo avances.

Básicamente, la ley aprobada mantuvo varios de los dispositivos de la ley federal 12.651 / 2012, porque no se pudo contradecirla. Entre ellos se encuentra el controvertido “escalera”, que escala las obligaciones de rescatar bandas de ribera en función del tamaño de la propiedad. Este punto y otros, como los diversos recuperación despido de PPA (Áreas de Protección Permanente) y las reservas legales están sujetas a una serie de preguntas, incluyendo Acciones de Inconstitucionalidad (Adins), por el Ministerio Público de la Federación, no ser juzgados todavía.

Pero efectivamente, los puntos donde puede haber margen para servir mejor a la realidad ambiental de Sao Paulo se ha hecho poco!

Se prohibió una mención explícita a la tesis de que el Cerrado no está protegido por las versiones anteriores del Código Forestal. Si había un entendimiento de que es importante para conservar y recuperar este bioma se podía hacer ninguna orden al respecto, aclarando un punto de duda en la legislación brasileña.

Lo mismo puede decirse acerca de la posibilidad de reservas legales de compensación fuera del estado. La ley federal lo permita, pero la situación ambiental crítica de Sao Paulo probablemente no.

Al omitir estos dos temas que la ley les deja una regulación, que no contribuye a la conservación del medio ambiente, o para la seguridad jurídica y la rapidez de los procedimientos administrativos y judiciales.

El proyecto incluyó el tema de Áreas de Preservación Permanente (APP) en la ciudad, a pesar de ser presentado como un proyecto de ley para el campo. Se tomaron estos puntos en su mayor parte, pero aún así se mantuvo el artículo 40, que se ocupa de la regulación de la utilización de estas áreas.

todavía hay algunos puntos que generan confusión en cuanto a lo que puede hacer obligatorio el establecimiento de Servidumbre Ambiental o CRA en el caso de los excedentes de reservas, por decisión de la autoridad y no el propietario (§ 6 art. 12), y también permite la recuperación banda ciliar por debajo del conjunto en la Ley Federal para las propiedades más grandes (párrafo 1 del § 5ºdo art. 14).

Se han registrado algunos puntos positivos, tales como la predicción a nivel estatal de los instrumentos económicos, dando prioridad a la agricultura familiar.

Pero la oportunidad se ha perdido para crear una ley que inovasse siempre que sea posible, dadas las particularidades de Sao Paulo, un estado que ha sido el liderazgo en cuestiones ambientales. En general, esta nueva ley repite el federal ni los avances tanto en la seguridad jurídica que buscan los agricultores.

La nueva ley es ya una realidad, y ahora?

Inicialmente es importante evaluar cómo hacer ajustes en la escritura. El principio de veto propuesto. Sin menoscabo de todo el proceso de discusión, lo ideal sería que el veto de los artículos o repetir conflicto con el Código Forestal, o casi completa, lo que, obviamente, tiene un alto costo político. En una perspectiva más realista sería importantes puntos de veto como § 6 del arte. 12 y en el párrafo 1 del arte § 5ºdo. 14, y el artículo 40, que se ocupa de las áreas urbanas.

Por otra parte, es el momento de continuar el proceso de movilización en marcha, con los diversos sectores, ya que todavía hay muchos puntos a la eficacia de la legislación forestal en Sao Paulo.

Un primer paso es iniciar la discusión de una regla especifica que las APP urbanas, con todas las implicaciones para la calidad de vida en las ciudades.

Es necesario avanzar en la aplicación de los instrumentos tales como el Registro Ambiental Rural (CAR), acabado siendo necesaria la definición de la regulación para la PRA por SMA y su necesaria relación con el otorgamiento de licencias ambientales.

También es necesario para iniciar el uso efectivo de los instrumentos económicos, a partir de una amplia discusión con los sectores interesados.

Por lo tanto, es bueno tener la implicación de los diferentes niveles de participación, nuevos y existentes, tales como asesoramiento y Comités de Cuenca, en particular el Consejo Estatal del Medio Ambiente, el CONSEMA, ausente en las discusiones aquí.

Tenemos mucho que hacer y mucho que aportar. Así que manos a la obra!

* Roberto Resende es agrónomo y Master en Ciencias Ambientales

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Análise: Decreto define política agrícola para florestas plantadas

Análise: Decreto define política agrícola para florestas plantadas

Albenir Querubini Gonçalves – Vice-Presidente da União Brasileira de Agraristas Universitários *

Foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira 12/12/2014 o Decreto nº 8.375, de 11 de dezembro de 2014, o qual define a Política Agrícola para Florestas Plantadas.  Diante da novidade legislativa, realizo uma análise tópica dos principais dispositivos normativos contidos no Decreto nº 8.375/2014.

Em síntese, trata-se de norma jurídica de Direito Agrário que estabelece na prática o diploma jurídico da atividade de silvicultura no Brasil, estabelecendo “os princípios e os objetivos da Política Agrícola para Florestas Plantadas relativamente às atividades de produção, processamento e comercialização dos produtos, subprodutos, derivados, serviços e insumos relativos às florestas plantadas”, conforme destacado no art. 1º.

Com a publicação do Decreto nº 8.375/2014, houve a regulamentação do art. 72 da Lei nº 12.651/2002 (o denominado “Novo Código Florestal”), o qual previa que “a atividade de silvicultura, quando realizada em área apta ao uso alternativo do solo, é equiparada à atividade agrícola, nos termos da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que ‘dispõe sobre a política agrícola’”.

O fato de vincular diretamente à Lei da Política Agrícola traz uma série de benefícios para quem irá desenvolver a respectiva atividade de silvicultura enquadrada nos termos da Política Agrícola para Florestas Plantadas, especialmente no que diz respeito ao acesso ao crédito rural, além dos demais instrumentos e ações previstos pela Lei nº 8.171/1991 (vide art. 5º do Decreto nº 8.375/2014), equiparando-se às demais atividades agrárias de agricultura, de pecuária e de pesca.

O decreto considera como florestas plantadas “as florestas compostas predominantemente por árvores que resultam de semeadura ou plantio, cultivadas com enfoque econômico e com fins comerciais” (art. 2º). Nesse sentido, é importante salientar que somente são enquadradas na Política Agrícola para Florestas Plantadas apenas os plantios realizados na chamada “área econômica” dos imóveis rurais, ou seja, apenas nas áreas destinadas à exploração da “atividade agrária típica”. Para tanto, adiantamos que o Cadastro Rural Ambiental passará a ser pressuposto para a atividade de silvicultura seja enquadrada na Política Agrícola para Florestas Plantadas, pois o parágrafo único do art. 2º do Decreto nº 8.375/2014 expressamente exclui de sua aplicação as florestas plantadas em Áreas de Preservação Permanente, de uso restrito e de Reserva Legal, de que tratam o art. 4º, o capítulo III e a seção I do capítulo IV do “Novo Código Florestal”.

Da leitura dos princípios da Política Agrícola para Florestas Plantadas elencado no art. 3º do respectivo decreto, observamos a dupla finalidade a qual se destina. A primeira delas, é nitidamente agrário, ao dispor como princípio “a produção de bens e serviços florestais para o desenvolvimento social e econômico do país” (inc. I). A segunda delas, atende a fins ambientais/ecológicos, ao prever a “a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas” (inc. II), que na prática estabelece uma conexão direta com a Política Nacional sobre a Mudança do Clima, prevista pela Lei nº 12.187/2009 e regulamentada pelo Decreto nº 7.390/2010.

Os referidos princípios encontram-se diretamente relacionados com os objetivos da Política Agrícola para Florestas Plantadas elencados no art. 4º, que são: I – aumentar a produção e a produtividade das florestas plantadas; II – promover a utilização do potencial produtivo de bens e serviços econômicos das florestas plantadas; III – contribuir para a diminuição da pressão sobre as florestas nativas; IV – melhorar a renda e a qualidade de vida no meio rural, notadamente em pequenas e médias propriedades rurais; e V – estimular a integração entre produtores rurais e agroindústrias que utilizem madeira como matéria-prima.

Segundo o Decreto nº 8.375/2014, a implementação da Política Agrícola para Florestas Plantadas é de incumbência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a quem compete a coordenação do planejamento, da implementação e da avaliação de suas ações, assim como de promover a sua integração com as demais políticas e setores da economia. Além disso, também incumbirá ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dentro do prazo de dez anos, a elaboração do chamado Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas – PNDF.

O referido plano, com previsão de atualização periódica e de submissão a consulta pública, terá como conteúdo mínimo realizar o diagnóstico do setor de florestas plantadas, incluindo o inventário florestal; a proposição de cenários com tendências internacionais e macroeconômicas; e, as metas de produção florestal e as respectivas ações para seu alcance.

Em síntese, o Decreto nº 8.375/2014 ao definir as diretrizes da Política Agrícola para Florestas Plantadas representa um avanço muito positivo para o setor da silvicultura, que a partir de agora poderá contar com uma série de benefícios decorrentes dos diversos instrumentos e ações de políticas públicas previstos em diversos diplomas legais. Com isso, a partir a Política Agrícola para Florestas Plantadas, podemos concluir que atividade agrária de silvicultura passará a ocupar um novo status de importância no setor agrário brasileiro. (Publicado originalmente http://bit.ly/1zZMOM7)

* Albenir Querubini é especialista em Direito Ambiental, Mestre em Direito pela UFRGS e professor de direito Agrário e Ambiental.

 

O Código Florestal e as cidades: o dilema das APPs urbanas

O Código Florestal e as cidades: o dilema das APPs urbanas

Nelson Novaes Pedroso Jr, Sandra Steinmetz e André de Castro dos Santos*

O Código Florestal, tanto nas suas versões passadas como na atual, é reconhecido como importante instrumento de proteção ambiental. Concebido para regular principalmente o uso e a ocupação do imenso território rural brasileiro, sua aplicação nas áreas urbanas tem se mostrado desafiadora frente à ocorrência de inúmeros conflitos e situações de insegurança jurídica. Neste contexto, a regulamentação das Áreas de Preservação Permanentes (APPs) nos espaços urbanos constitui uma questão que precisa ser discutida pelo poder público e pela sociedade.

O atual Código Florestal foi promulgado em 2012, após anos de embates técnicos e políticos que deixaram evidente uma polarização entre ruralistas e ambientalistas. De um lado, aqueles que defendiam o aumento da produção agrícola por meio da reformulação de um Código considerado por eles ultrapassado e extremamente preservacionista. Do outro, aqueles que se preocupavam com a conservação das nossas florestas e viam a reformulação do Código como um potencial indutor do desmatamento de novas áreas e “anistiador” daquelas suprimidas ilegalmente no passado.

Qualquer dicotomia, é bom ressaltar, pode resultar na perigosa simplificação de uma situação complexa e na negligência de um amplo espectro de cenários possíveis. Não seria diferente em se tratando de um Código que visa regulamentar o uso do solo em um país de proporções continentais, grande produtor e exportador de commodities e, ao mesmo tempo, detentor de uma das maiores biodiversidades do planeta. Com o desafio de promover a agropecuária em consonância com a conservação ambiental, o foco do processo legislativo recaiu sobre as áreas rurais e florestais, relegando as áreas urbanas a um segundo plano.

Os dois principais instrumentos de proteção ambiental do Código Florestal são as reservas legais e as APPs. As reservas legais se aplicam às propriedades e posses rurais, enquanto que desde a Lei 7.803 de 18/07/89 a delimitação das APPs também se aplica às áreas urbanas, definição mantida no Código de 2012. Se por um lado celebramos a permanência das áreas urbanas na delimitação das APPs, por outro nos deparamos com o desafio de aplicar uma norma pensada para áreas rurais a realidades urbanas distintas da que a motivou. Além disso, são muitas as leis e normas municipais urbanas voltadas ao uso e ocupação do solo que se sobrepõem à lei federal, gerando conflitos legais e resultando em insegurança jurídica.

As poucas menções do Código Florestal a espaços urbanos dizem respeito à regularização fundiária de interesse social em assentamentos inseridos em área urbana de ocupação consolidada e que ocupam APP, e de interesse específico dos assentamentos em APPs não identificadas como áreas de risco. Nesses casos, o Código Florestal remete parte dessa prerrogativa a outra lei, que dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha Vida (Lei 11.977/09) e autoriza os municípios a admitir a regularização fundiária de interesse social em APPs urbanas consolidadas.

Porém, a lei não discute a continuidade de atividades urbanas em APPs consolidadas que não se enquadrem nas situações expostas anteriormente nem novas ocupações e usos naquelas ainda não consolidadas, valendo as delimitações estabelecidas pelo Código Florestal – o que tem contribuído para adicionar mais um fator de insegurança jurídica ao tema.

Como a questão das APPs urbanas não possui regulamentação específica e parte da regularização das suas ocupações é dada por outra lei, muitos órgãos licenciadores estaduais têm interpretado a questão de formas diferentes, dando margem a questionamentos jurídicos e técnicos. A CETESB, por exemplo, tem interpretado que córregos canalizados não têm mais função de APP.

Na tentativa de avançar no tema, algumas propostas legislativas foram apresentadas nos últimos anos a fim de dispor um tratamento específico às APPs urbanas. Ainda na vigência do antigo Código Florestal, havia importante discussão sobre o tema, incluindo o conflito – ao menos aparente – desta lei com o a Lei 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo), a qual limita o direito de construir de modo menos restritivo em relação ao diploma ambiental. Também são muito discutidas as competências de ordenamento urbano, amplamente delegadas aos municípios pela Constituição e Estatuto da Cidade, abrangendo a definição do uso e ocupação de APPs. Atualmente, encontra-se em trâmite no Senado o Projeto de Lei 368/12 especificamente sobre APPs urbanas. No entanto, este PL também não objetiva regulamentar essa áreas, restringindo-se a determinar que tenham suas delimitações definidas pelos planos diretores e leis de uso do solo dos municípios, ouvidos os conselhos estaduais e municipais de meio ambiente.

Desse contexto, surgem algumas questões a se considerar antes de expandir a competência dos municípios para regulamentar as APPs urbanas ou flexibilizar seu uso e ocupação. Até que ponto as delimitações das APPs dadas pelo Código Florestal são aplicáveis às áreas urbanas? É desejável e viável estabelecer critérios para diferenciar os espaços passíveis de proteção, regularização e recuperação? Qual o limite para novas ocupações em APPs urbanas, ainda que para utilidade pública e interesse social? Há como ter um regulamento federal sobre APPs urbanas que direcione o disciplinamento municipal destas áreas? Se sim, o Código Florestal deve ser alterado ou é possível regulamentar as APPs urbanas por meio de outra lei já existente ou a ser elaborada?

Essas e outras questões precisam ser enfrentadas, em especial os limites e as possibilidades de uso das APPs no espaço urbano, levantando os conflitos socioambientais decorrentes e propondo um instrumento regulatório mais adequado e eficiente. Não é tarefa fácil, mas um diálogo racional, ponderado e colaborativo entre múltiplos atores dos setores público e privado e da sociedade civil deve ser iniciado o quanto antes. Para isso, o Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada da FGV Direito SP está conduzindo o projeto de pesquisa “Subsídios para a regulamentação das APPs urbanas”.

Nelson Novaes Pedroso Jr, Sandra Steinmetz and Andrew Castro dos Santos*

 

São Paulo não pode permitir retrocessos em sua legislação ambiental

São Paulo não pode permitir retrocessos em sua legislação ambiental

Mario Mantovani *
Contrariando alertas de especialistas e ignorando a maior crise hídrica da história de São Paulo, deputados paulistas aprovaram na Assembleia Legislativa, no dia 10 de dezembro, projeto de lei que regulamenta o Código Florestal de 2012 no Estado. O PL 219/14, de autoria do deputado Barros Munhoz (PSDB), líder do governo na Assembleia Legislativa, e de outros cinco parlamentares governistas, aguarda agora a sanção do governador Geraldo Alckmin.

O projeto, que dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental (PRA), reproduz em São Paulo as principais falhas da Lei Federal, sobretudo no que se refere às Áreas de Preservação Permanente (APPs). Essas áreas são essenciais para os mananciais, rios e nascentes, uma vez que as florestas protegem todo o fluxo hídrico, impedem o assoreamento de rios e represas e ainda têm o papel de extrair umidade do ar e levá-la aos aquíferos, cumprindo a função de reguladoras climáticas.

Estudo da SOS Mata Atlântica divulgado em outubro constatou que a cobertura florestal nativa na bacia hidrográfica e nos mananciais que compõem o Sistema Cantareira, centro da crise no abastecimento de água, está muito abaixo dos níveis ideais e deve ser recuperada. Restam apenas 488 km2 (21,5%) de vegetação nativa na bacia hidrográfica e nos 2.270 km2 do conjunto de seis represas que formam o sistema. Não restam dúvidas de que o desmatamento da Mata Atlântica tem relação direta com a escassez da água na região sudeste. Com menos proteção florestal, teremos menos água. Portanto, com a aprovação do PL 219, essas áreas serão ainda mais prejudicadas, o que acentuará a grave situação dos mananciais do Estado.

Ao aprovar um projeto de lei para regularizar atividades e usos do solo até então irregulares e que passarão a ser considerados consolidados, o projeto diminuiu as faixas de recuperação de APPs ciliares voltadas à conservação da água. A recuperação de nascentes e olhos d’água, por exemplo, estabelecida em um raio de 50 metros, foi reduzida para apenas 15 metros.

Outro ponto preocupante é a possibilidade de São Paulo exportar para outros estados dos biomas Mata Atlântica e Cerrado a recomposição da Reserva Legal, sem considerar as bacias hidrográficas. Essa medida beneficiaria principalmente grandes proprietários rurais que desmataram florestas em território paulista e que agora poderão compensá-las em regiões onde o valor da terra é menor, como no Nordeste.

Para completar o retrocesso, o projeto traz ainda artigo que trata do uso de culturas lenhosas e espécies exóticas na recomposição de áreas de preservação permanente, descaracterizando completamente a função legal que é unicamente a de preservar permanentemente.

Ainda mais preocupante é a situação do Cerrado paulista, bioma que abrange cerca de 15% do Estado, já que o projeto prevê isentar propriedades do Cerrado de recomposição florestal, o que trará enorme impacto negativo.

Importante lembrar que o novo Código Florestal é objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, movida pelo Ministério Público Federal, em três questões que ainda estão sendo julgadas e que foram repetidas no projeto de lei paulista. Dessa forma, o Estado de São Paulo, que sempre foi referência no país no que se refere a inovações e tecnologia na área ambiental, perde a chance de corrigir as distorções da lei federal.

Desperdiça também a oportunidade de definir instrumentos de apoio e incentivo à conservação, como o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) – tema desvalorizado no projeto aprovado pelos deputados paulistas. O Estado ainda perde tempo e se desgasta politicamente com uma regulamentação repetitiva, nada inovadora e que não aperfeiçoa o Sistema de Meio Ambiente e mecanismos de desenvolvimento para um agronegócio moderno e sustentável.

Ao aprovar o projeto de afogadilho, repetindo erros e no apagar das luzes do mandato eletivo, o Legislativo Paulista deixou claro valorizar o interesse de grupos pontuais, mesmo que isso signifique rejeitar as necessidades da população e do Estado.

Cabe agora ao governador Geraldo Alckmin reagir de forma efetiva na defesa dos reais interesses da sociedade, que já sofre com a falta de água. Não permitir em São Paulo retrocessos como os praticados na legislação federal, que agravam a crise hídrica e fragilizam a proteção das nossas florestas, é reforçar a importância do Pacto Federativo e a soberania dos Estados, que podem e devem ser mais restritivos em matéria ambiental para atender as necessidades e especificidades de sua população e atividades econômicas.

*Mario Mantovani é diretor de Políticas Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica. (Publicado originalmente no website Brasil Post)

 

Uma nova lei para as florestas de São Paulo?

Uma nova lei para as florestas de São Paulo?

Roberto Resende*
Nesta quinta-feira (15/01/2015) foi publicada pelo Governo do Estado de São Paulo a lei 15.684, que dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental (PRA) das propriedades e imóveis rurais, além da mensagem sobre os vetos feitos pelo Governador Geraldo Alckmin. Esta lei vem do Projeto de Lei nº 219/14, dos deputados estaduais Barros Munhoz (PSDB), Campos Machado (PTB), Estevam Galvão (DEM), Itamar Borges (PMDB), José Bittencourt (PSD) e Roberto Morais (PPS).

É importante lembrar que este projeto foi conduzido de forma acelerada na Assembleia Legislativa paulista, com relatores especiais e regime de urgência. As poucas discussões com participação das entidades da sociedade civil só aconteceram na reta final.

Mesmo limitado, este processo de participação e mobilização foi um saldo positivo. As várias manifestações e propostas contribuíram para algumas melhorias, evitando-se maiores retrocessos, apesar de praticamente não se ter progressos na lei. Mesmo a tão pleiteada segurança jurídica não foi atendida.

Basicamente, a lei aprovada manteve vários dos dispositivos da Lei federal 12.651/2012 (novo Código Florestal) de desta lei, uma vez que ela determina que o Programa de Regularização Ambiental deve ser implantado por ato do Chefe do Poder Executivo (por decreto, não lei).

Dentre os pontos vetados podemos destacar como bastante positivos:

  • A inversão da lógica da lei federal quanto à distinção das áreas de preservação permanente que devem ser recuperadas e as que podem continuar na condição de uso consolidado por atividades agrícolas e de infraestrutura (art. 23 e § 1º do art. 26).
  • A ampla anistia a infrações por desmatamento anteriores a 2008, ampliando a norma federal indevidamente (art. 6).
  • A falta de definição clara de faixa mínima para a recuperação de matas ciliares nos imóveis maiores (item 1 do § 5º do art. 14);
  • A previsão de se ter novos desmatamentos para implantar aquicultura, também contrariando a lei federal (art. 18).

Mas ainda restaram diversos pontos com problemas: um é a obrigação de se ter um processo em papel, sem poder se feito apenas em meio digital, para cada Plano de Regularização ( § 2º do art. 5). Isso vai onerar excessivamente a administração pública, e prejudicar o atendimento ao cidadão, uma vez que são previstos mais de 300 mil adesões ao PRA no estado de São Paulo.

Outro ponto é o  parágrafo 6º do art. 12, segundo o qual  o órgão ambiental fará automaticamente a definição como Servidão Ambiental e Cota de Reserva Ambiental (CRA) da vegetação excedente ao percentual exigido como Reserva Legal. Impondo na prática uma decisão que deveria ser voluntária por parte do proprietário.

Porém, ainda há problemas mais graves. Desapareceram menções ao Cerrado não ser protegido pelas versões mais antigas do Código Florestal, mas ainda há um grande risco para este bioma, com a dispensa de recuperação de reservas. Se houvesse o entendimento de que é importante conservar e recuperar este bioma poderia se feito algum comando neste sentido, esclarecendo mais um ponto de dúvida na legislação brasileira.

O mesmo pode ser dito quanto à possibilidade de compensação de Reservas Legais fora do estado. O Código Florestal assim o permite, mas a crítica situação socioambiental de São Paulo não. Ao omitir estes dois temas, a lei os deixa para regulamentação,o que não contribui nem para conservação ambiental, nem para segurança jurídica ou para agilidade de processos administrativos e judiciais.

Também foi mantida a previsão para regularização de uso de áreas de preservação nas cidades (art. 40), contrariando a jurisprudência predominante sobre o assunto.

Próximos passos

Incialmente deve ser acompanhada a resposta da Assembleia aos vetos. É até possível a rejeição destes, o que exige a maioria absoluta dos deputados (artigo 28 da Constituição Paulista).

É fundamental acompanhar o regulamento, seja por Decreto ou normas da Secretaria do Meio Ambiente, em especial na definição de critérios e procedimentos para o entendimento da recomposição de Reservas e APPs. Especialmente aqui deve ser considerado o conceito de bacias hidrográficas críticas, muito desmatadas, que também é previsto na Lei 12.651/2012.

É preciso que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) seja efetivado, o que demanda orientação político-administrativa, recursos humanos e materiais, além de uma ampla rede de parcerias com diferentes níveis e áreas de governo e com a sociedade civil.

Também é importante articular de forma efetiva o CAR e o PRA com o licenciamento ambiental, inclusive para facilitar o atendimento dos agricultores que precisam obter autorizações.

O envolvimento da extensão rural, governamental ou não, ações de comunicação e envolvimento dos agricultores é base para um efetivo avanço na gestão sustentável dos recursos naturais em São Paulo.

É necessário ainda iniciar a aplicação efetiva dos instrumentos econômicos previstos no programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, com prioridade para a agricultura familiar (arts. 37, 38 e 39). Para isto, uma ampla discussão com os vários setores interessados deve ser iniciada de forma integrada com outras políticas, como a de Mudanças Climáticas, e articulada com ações de âmbito nacional, regional e municipal.

Outro passo é começar a discussão de uma lei específica para as APPs urbanas, com todas as implicações para a qualidade de vida nas cidades.Para tanto, é necessário o envolvimento das diversas instâncias de participação, novas e existentes, como coletivos, conselhos, em especial os Comitês de Bacia e o Conselho Estadual de Meio Ambiente, o CONSEMA, ausentes nas discussões até aqui.

Com o agravamento da crise hídrica é evidente a importância de boas políticas públicas e da ação de todos para a gestão dos recursos naturais. Constatar que o que se conseguiu até aqui com toda esta mobilização e negociação foi apenas evitar retrocessos, não deve desanimar, mas estimular a busca por avanços efetivos.

Continuamos ainda com muito que fazer, para contribuir na melhoria das condições ambientais, não só em São Paulo, mas a partir daqui.

*Roberto Resende é Agrônomo, Mestre em Ciência Ambiental e Presidente da ONG Iniciativa Verde.

 

A new law for the forests of São Paulo?

Roberto Resende*
On Thursday (15.01.2015) was published by the São Paulo State Government the law 15 684, which provides for the Environmental Regularization Program (PRA) of rural properties and real estate, in addition to the message about the vetoes made by the Governor Geraldo Alckmin. This law comes from Bill No. 219/14, the state representatives Barros Munhoz (PSDB), Machado Campos (PTB), Estevam Galvão (DEM), Itamar Borges (PMDB), José Bittencourt (PSD) and Roberto Morais (PPS) .

It is important to remember that this project was conducted at an accelerated rate in the state Legislative Assembly, with special rapporteurs and urgently. The few discussions with participation of civil society organizations just happened down the stretch.

Although limited, this process of participation and mobilization was a positive balance. The various manifestations and proposals contributed to some improvements, avoiding major setbacks, although hardly have progress in the law. Even  as pled  legal certainty was not answered.

Basically, the law passed kept several of the Federal Law devices 12 651/2012(new Forest Code)  of this law, since it determines that the Environmental Regularization Program should be implemented by an act of the Chief Executive (by decree, not law).

Among the vetoed points can be highlighted as very positive:

  • Reversing the logic of the federal law on the distinction of permanent preservation areas that must be recovered and that may continue provided consolidated use by agricultural activities and infrastructure ( art. 23 and § 1, art. 26 ).
  • The broad amnesty for offenses for previous deforestation to 2008, increasing the federal standard error ( art. 6 ).
  • The lack of clear definition of minimum range for the recovery of riparian forests in the largest real estate ( item 1 of § 5 of Article 14. );
  • The forecast of having to deploy new deforestation aquaculture, also contrary to federal law ( art. 18 ).

But still remained many points to problems: one is required to have a process on paper, unable to done only in digital form for each Plan Adjustment (§ 2 of art. 5). This will excessively burden the government and undermine the citizen service, since they are provided for more than 300,000 users joined the PRA in the state of São Paulo.

Another point is the   paragraph 6 of art. 12, according to which the environmental body will automatically make the setting as Environmental Servitude and Environmental Reserve Quota (CRA) of excess vegetation to the percentage required as a legal reserve. Imposing in practice a decision should be voluntary on the part of the owner.

But there are even more serious problems. Disappeared mentions the Cerrado not be protected by older versions of the Forest Code, but there is still a great risk for this biome, with the exemption of reserves recovery. If there was an understanding that it is important to conserve and recover this biome could be done any command in this regard, clarifying a point of doubt in the Brazilian legislation.

The same can be said about the possibility of legal reserves of compensation out of state. The Forest Code so permits, but the critical environmental situation of São Paulo not. By omitting these two issues, the law leaves to the regulation, which does not contribute to environmental conservation, or for legal certainty or flexibility of administrative and judicial proceedings.

It was also maintained the forecast for regularization of conservation areas of use in cities ( art. 40 ), contrary to the prevailing jurisprudence on the subject.

Next steps

Initially it must be accompanied by the response of the Assembly to vetoes. It is even possible rejection of these, which require an absolute majority of Members (Article 28 of the Constitution Paulista).

It is essential to monitor the regulation, either by decree or regulations of the Department of the Environment, in particular by defining criteria and procedures for understanding the recovery of reserves and APPs. Especially here should be considered the concept of critical watersheds, very deforested, which is also provided by Law 12,651 / 2012.

We need the Rural Environmental Registry (CAR) to take effect, which requires political and administrative guidance, human and material resources, as well as a wide network of partnerships with different levels and areas of government and civil society.

It is also important to articulate effectively the CAR and the PRA with environmental licensing, including to facilitate the attendance of farmers who need to obtain permits.

The involvement of rural, governmental or non-extension, communication actions and involvement of farmers is the basis for an effective breakthrough in the sustainable management of natural resources in Sao Paulo.

It is necessary to start the effective use of economic instruments provided for in the support program and encouraging the conservation of the environment, giving priority to family farming ( arts. 37, 38 and 39 ). For this, a broad discussion with the various interested sectors should be initiated in an integrated manner with other policies, such as climate change, and coordinated with national actions, regional and municipal.

Another step is to start the discussion of a specific law for urban PPAs, with all the implications for the quality of life in cities. Therefore, the involvement of various levels of participation, new and existing need, as collective, advice, especially the Basin Committees and the State Environmental Council, the CONSEMA, absent in the discussions here.

With the worsening water crisis is evident the importance of good public policy and action of all for the management of natural resources. See that what has been achieved so far with all this mobilization and negotiation was just avoid setbacks, should not be discouraged, but to stimulate the search for effective advances.

Are we still a lot to do, to contribute to the improvement of environmental conditions not only in São Paulo, but from here.

* Roberto Resende is Agronomist, Master in Environmental Science and President of the NGO Green Initiative.

 

Una nueva ley para los bosques de Sao Paulo?

Roberto Resende*

El jueves (15/01/2015) fue publicado por el Estado de Sao Paulo Gobierno la ley 15 684, que establece el Programa de Regularización Ambiental (PRA) de las propiedades rurales y bienes raíces, además del mensaje sobre los vetos realizados por el gobernador Geraldo Alckmin. Esta ley viene del proyecto de ley Nº 219/14, los representantes del Estado Barros Munhoz (PSDB), Machado Campos (PTB), Estevam Galvão (DEM), Itamar Borges (PMDB), José Bittencourt (PSD) y Roberto Morais (PPS) .

Es importante recordar que este proyecto se llevó a cabo a un ritmo acelerado en la Asamblea Legislativa del estado, con los relatores especiales y con urgencia. Las pocas conversaciones con participación de las organizaciones de la sociedad civil que acaba de pasar en la recta final.

Aunque limitada, este proceso de participación y movilización fue un balance positivo. Las diversas manifestaciones y propuestas contribuido a algunas mejoras, evitando mayores contratiempos, aunque apenas tienen avances en la ley. Incluso  como se declaró  seguridad jurídica no fue respondida.

Básicamente, la ley aprobada mantuvo varios de los dispositivos Ley Federal de 12 651/2012 (nuevo código forestal)  de esta ley, ya que determina que el Programa de Regularización del medio ambiente debe ser aplicado por un acto del Jefe del Ejecutivo (por decreto, no se la ley).

Entre los puntos vetados se pueden destacar como muy positivo:

  • La inversión de la lógica de la ley federal sobre la distinción de áreas de preservación permanente que debe ser recuperado y que pueden continuar proporciona el uso consolidada por las actividades agrícolas e infraestructura ( Art. 23 y § 1, art. 26 ).
  • La amplia amnistía para los delitos de la deforestación anterior a 2008, lo que aumenta el error estándar federal ( art. 6 ).
  • La falta de una clara definición de alcance mínimo para la recuperación de los bosques de ribera en el más grande de bienes raíces ( artículo 1 del § 5 del artículo 14. );
  • La previsión de tener que desplegar nueva acuicultura deforestación, también contrario a la ley federal ( art. 18 ).

Pero aún quedaban muchos puntos a los problemas: uno está obligado a tener un proceso en el papel, no puede hacerse sólo en forma digital para cada plan de ajuste (§ 2 del art. 5). Esto excesivamente la carga del gobierno y socavar el servicio a los ciudadanos, ya que se proporcionan para los más de 300.000 usuarios se unió a la ARP en el estado de Sao Paulo.

Otro punto es el   párrafo 6 del art. 12, según el cual el órgano ambiental de forma automática hará que el ajuste como servidumbre ambiental y la Reserva Ambiental de cuota (CRA) de exceso de vegetación para el porcentaje requerido como una reserva legal. Imponer en la práctica una decisión debe ser voluntaria en la parte del propietario.

Pero hay aún problemas más serios. Desaparecido menciona el Cerrado no estar protegida por las versiones anteriores del Código Forestal, pero todavía hay un gran riesgo de este bioma, con la excepción de la recuperación de las reservas. Si había un entendimiento de que es importante para conservar y recuperar este bioma se podía hacer ninguna orden al respecto, aclarando un punto de duda en la legislación brasileña.

Lo mismo puede decirse acerca de la posibilidad de reservas legales de compensación fuera del estado. El Código Forestal así lo permite, pero la situación ambiental crítica de Sao Paulo no. Al omitir estas dos cuestiones, la ley deja a la regulación, lo que no contribuye a la conservación del medio ambiente, o para la seguridad jurídica o la flexibilidad de los procedimientos administrativos y judiciales.

También se mantiene la previsión para la regularización de áreas de conservación de uso en las ciudades ( art. 40 ), en contra de la jurisprudencia existente en la materia.

Próximos pasos

Inicialmente debe ir acompañado de la respuesta de la Asamblea a los vetos. Incluso es posible rechazo de éstos, lo que requerirá la mayoría absoluta de los miembros (artículo 28 de la Constitución Paulista).

Es esencial para controlar la regulación, ya sea por decreto o reglamentación del Departamento de Medio Ambiente, en particular, mediante la definición de criterios y procedimientos para la comprensión de la recuperación de las reservas y las aplicaciones. Especialmente aquí se debe considerar el concepto de cuencas críticas, muy deforestada, que también está dado por la Ley 12.651 / 2012.

Necesitamos el Registro Ambiental Rural (CAR) para tener efecto, lo que requiere una orientación política y administrativa, recursos humanos y materiales, así como una amplia red de asociaciones con diferentes niveles y áreas de gobierno y la sociedad civil.

También es importante articular efectivamente la CAR y la PRA con las licencias ambientales, incluso para facilitar la asistencia de los agricultores que necesitan para obtener los permisos.

La implicación de las zonas rurales, gubernamental o no la extensión, las acciones de comunicación y la participación de los agricultores es la base para un avance efectivo en la gestión sostenible de los recursos naturales en Sao Paulo.

Es necesario iniciar el uso efectivo de los instrumentos económicos previstos en el programa de apoyo y el fomento de la conservación del medio ambiente, dando prioridad a la agricultura familiar ( arts. 37, 38 y 39 ). Para ello, una amplia discusión con los diversos sectores interesados debería iniciarse de manera integrada con otras políticas, como el cambio climático, y coordinada con las acciones nacionales, regionales y municipales.

Otro paso es para iniciar la discusión de una ley específica para las APP urbanas, con todas las implicaciones para la calidad de vida en las ciudades. Por lo tanto, la participación de varios niveles de participación, nuevos y existentes, como necesidad colectiva, consejos, especialmente los Comités de Cuenca y el Consejo Estatal del Medio Ambiente, el CONSEMA, ausente en las discusiones aquí.

Con la crisis del agua empeoramiento es evidente la importancia de una buena política y la acción de todos para el manejo de los recursos naturales públicos. Ver que lo que se ha logrado hasta ahora con toda esta movilización y negociación se acaba de evitar contratiempos, no debe ser desalentado, sino para estimular la búsqueda de avances efectivos.

¿Estamos todavía mucho por hacer, para contribuir a la mejora de las condiciones ambientales no sólo en Sao Paulo, pero a partir de aquí.

* Roberto Resende es Agrónomo, Master en Ciencias del Medio Ambiente y Presidente de la Iniciativa Verde ONG.

Ligando os pontos entre a crise hídrica e a agricultura

Ligando os pontos entre a crise hídrica e a agricultura

Luís Fernando Guedes Pinto*
A crise hídrica se acentua a cada dia, aumentando as chances de um colapso que pode afetar drasticamente a população e a economia de uma grande parte do país em 2015. Na agricultura não é diferente.

Em 2014, somente a produção de cana-de-açúcar teve uma quebra de mais de 10% em São Paulo. A seca continua castigando as lavouras, ameaçando diminuir a safra em várias culturas. Mas se a agricultura é vítima, é ao mesmo tempo vilã e salvadora. Vamos ligar esses pontos.

Além de um grave problema de planejamento para o armazenamento de água, a crise é decorrente de uma seca severa. Eventos climáticos extremos são consequência do aquecimento global, que segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), ocorrem em função do aumento das emissões de gases de efeito estufa (GEE).

Ponto 1: o Brasil está entre os 10 maiores emissores de GEE do mundo. Em 2013, a agricultura foi a principal fonte de emissões de GEE no país, respondendo por 63% do total, principalmente devido ao desmatamento, à pecuária e ao uso de fertilizantes nitrogenados.

A crise se acentua, pois estamos consumindo mais água do que produzindo. A produção ocorre pela infiltração da chuva no solo, que chega aos lençóis freáticos, nascentes e cursos d’água das bacias hidrográficas. Quanto mais floresta existir em uma bacia hidrográfica, mais infiltração e mais protegidas estarão as nascentes e cursos d’água. Quanto melhor a conservação do solo, mais água infiltra.

O ponto 2 está feito: nossa agricultura ainda não protege os solos adequadamente e ocupa grande parte das áreas fundamentais para a produção de água – as tais Àreas de Preservação Permanente (APPs). Mais de 20% das APPs de São Paulo estão ocupadas por pastos ao invés de florestas e algumas das suas mais importantes bacias hidrográficas têm menos de 5% de cobertura florestal. Em geral, quanto mais monocultura, menos floresta.

Ponto 3: o setor rural lutou fortemente para a publicação de um Código Florestal que protege menos floresta e praticamente não exige a restauração das APPs.

Para completar, o ponto 4, a agricultura também é grande consumidora de água, devido à irrigação das culturas. Em geral, desperdiçamos água, pois mal se considera o tipo de solo e a necessidade das plantas para se irrigar uma lavoura. Estamos longe de fazer uma irrigação eficiente no campo.

Obviamente, as soluções para a crise hídrica passam, não exclusivamente, mas necessariamente, pela agricultura e o uso da terra no Brasil. Temos a ciência e tecnologias para entender e resolver essas complexas questões. Porém, além de não contarmos com São Pedro, não temos as políticas públicas, instrumentos e incentivos para reverter a situação e tornar a agricultura uma produtora de água e mitigadora das mudanças climáticas, sistematicamente e em escala nacional.

*Luís Fernando Guedes Pinto, engenheiro agrônomo e doutor em agronomia pela Universidade de São Paulo, é gerente de certificação do Instituto de Manejo e Certificação Florestal Agrícola (Imaflora) e membro da Rede Folha de Empreendedores Sociais (Artigo publicado originalmente na Folha de São Paulo)

 

Connecting the dots between the water crisis and agriculture

Luis Fernando Guedes Pinto*
The water crisis is accentuated every day, increasing the chances of a collapse that could dramatically affect the population and the economy of much of the country in 2015. In agriculture is no different.

In 2014, only the production of sugarcane has fallen by more than 10% in São Paulo. The dry continues punishing crops, crop threatening decrease in various crops. But if agriculture is a victim, is both villain and savior. Let’s call these points.

In addition to planning a serious problem for water storage, the crisis is due to a severe drought. Extreme weather events are a result of global warming, which the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), occur due to the increase in emissions of greenhouse gases (GHG).

Point 1: Brazil is among the 10 largest emitters of greenhouse gases in the world. In 2013, agriculture was the main source of GHG emissions in the country, accounting for 63% of the total, mainly due to deforestation, livestock and the use of nitrogen fertilizers.

The crisis is accentuated because we are consuming more water than producing. The production occurs by rain infiltration into the soil, which reaches the groundwater, springs and waterways watershed. The more forest exist in a watershed, more infiltration and more will be protected springs and waterways. The better soil conservation, more water infiltrates.

Point 2 is made: our agriculture does not protect the soil properly and occupies most of the key areas for the production of water – such the Permanent Preservation Areas (PPAs). Over 20% of APPs of São Paulo are occupied by pastures instead of forests and some of its most important river basins have less than 5% forest cover. In general, the more monoculture, less forest.

Point 3: the rural sector fought strongly to the publication of a Forest Code that protects less forest and hardly requires the restoration of APPs.

To complete the point 4, agriculture is also a major consumer of water due to irrigation of crops. In general, waste water, as bad considering the type of soil and the need for plants to irrigate a crop. We are far from making efficient irrigation in the field.

Obviously, the solutions to the water crisis pass, not exclusively, but necessarily, agriculture and land use in Brazil. We have the science and technologies to understand and solve these complex issues. But besides not count on St. Peter, we do not have public policies, instruments and incentives to reverse the situation and make agriculture a producer of water and mitigation of climate change, systematically and on a national scale.

* Luis Fernando Guedes Pinto, an agronomist and a doctorate in agronomy from the University of São Paulo, is certification manager of the Institute of Management and Agricultural Forest Certification (Imaflora) and member of the Network Sheet of Social Entrepreneurs (Article originally published in the  Folha de São Paulo )

 

Conectar los puntos entre la crisis del agua y la agricultura

Luis Fernando Guedes Pinto*
La crisis del agua se acentúa cada día, lo que aumenta las posibilidades de un colapso que podría afectar dramáticamente la población y la economía de gran parte del país en 2015. En la agricultura no es diferente.

En 2014, sólo la producción de la caña de azúcar ha caído en más de un 10% en Sao Paulo. La seca continúa cultivos, cultivos de castigo que amenaza la disminución en diversos cultivos. Pero si la agricultura es una víctima, es a la vez malo y salvador. Vamos a llamar a estos puntos.

Además de la planificación de un grave problema para el almacenamiento de agua, la crisis se debe a una grave sequía. Los fenómenos meteorológicos extremos son una consecuencia del calentamiento global, que el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), se producen debido al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Punto 1: Brasil está entre los 10 mayores emisores de gases de efecto invernadero en el mundo. En 2013, la agricultura era la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el país, que representan el 63% del total, debido principalmente a la deforestación, animales de granja y el uso de fertilizantes de nitrógeno.

La crisis se acentúa porque estamos consumiendo más agua que la producción. La producción se produce por infiltración de lluvia en el suelo, que llega a las aguas subterráneas, manantiales y cursos de agua de la cuenca. El más bosque existe en un punto de inflexión, más y más la infiltración será protegida manantiales y cursos de agua. El mejor conservación del suelo, el agua se infiltra más.

El punto 2 se hace: nuestra agricultura no protege adecuadamente el suelo y ocupa la mayor parte de las áreas clave para la producción de agua – como las Áreas de Preservación Permanente (PPA). Más del 20% de las aplicaciones de Sao Paulo están ocupadas por pastos en lugar de bosques y algunos de sus más importantes cuencas tienen una cubierta forestal inferior al 5%. En general, cuanto más monocultivo, menos bosque.

Punto 3: el sector rural luchado fuertemente a la publicación de un Código Forestal que protege menos bosque y apenas requiere la restauración de las aplicaciones.

Para completar el punto 4, la agricultura es también un gran consumidor de agua debido a la irrigación de los cultivos. En, general de aguas residuales, como mal teniendo en cuenta el tipo de suelo y la necesidad de las plantas para el riego de un cultivo. Estamos lejos de hacer eficiente el riego en el campo.

Obviamente, las soluciones a la crisis del agua pasan, no exclusivamente, pero necesariamente, la agricultura y el uso de la tierra en Brasil. Tenemos la ciencia y la tecnología para comprender y resolver estas cuestiones complejas. Sin embargo, además de no contar en San Pedro, no tenemos políticas públicas, instrumentos e incentivos para revertir la situación y hacer que la agricultura productora de agua y la mitigación del cambio climático, de forma sistemática y en una escala nacional.

* Luis Fernando Guedes Pinto, un agrónomo y un doctorado en agronomía de la Universidad de Sao Paulo, es administrador de la certificación del Instituto de Certificación de Manejo Forestal y Agrícola (Imaflora) y miembro de la Hoja de Red de Emprendedores Sociales (Artículo publicado originalmente en el  diario Folha de Sao Paulo )

Será também cinzento o novo governo de Minas?

Será também cinzento o novo governo de Minas?

Dalce Ricas*
Triste e cinzento governo foi o de Antônio Augusto Anastasia na área ambiental. Quando era vice governador de Aécio Neves demonstrou em diversos momentos preocupação e solidariedade com a causa ambiental. Sua posição foi fundamental na luta contra a construção de aeroporto na zona de amortecimento do Parque Estadual do Rio Doce, maior reserva de Mata Atlântica em Minas, e na inclusão de condicionante para implantação de Sistema de Áreas Protegidas no Vetor Norte de BH, cujos magníficos patrimônios ambiental e científico, compostos por centenas de grutas da região cárstica de Lagoa Santa, estavam previamente condenados pela decisão de puxar o crescimento de Belo Horizonte para a região. Por isso, acreditávamos que como governador, fortaleceria a postura ambiental do governo. Mas estávamos muito enganados.

A nomeação de Adriano Magalhães para a secretaria de meio ambiente trouxe promessas de mudanças ousadas. Seu discurso inicial era trabalhar com planejamento, definição de prioridades e modernização administrativa da pasta. O tempo foi passando. O planejamento transformou-se em centralização absurda e ditatorial de poder em seu gabinete e no da subsecretária de Regularização Maria Cláudia Pinto. A modernização, se houve, não trouxe resultados. Pelo contrário, ele entregou à AGE (Auditoria Geral do Estado) o poder de palpitar em tudo, burocratizando ainda mais processos que deveriam ser simples. Isso, somado à decisão do governo de centralizar tudo na Secretaria de Planejamento, que não tem apreço e respeito pela área ambiental, transformou simples compras em processos morosos e muitas vezes inúteis. A definição de prioridades, idem. Nunca saiu da conversa. E se aconteceu, não foi para beneficiar o meio ambiente ou a sustentabilidade.

O poder de fiscalização do Instituto Estadual de Florestas (IEF) foi retirado, sob promessa temporária de sanar irregularidades e corrupção através da criação de uma subsecretaria específica. Em verdade, a situação piorou, pois a fiscalização continuou a ser feita como era, através de “operações” periódicas. A parcela dos bons técnicos que atuavam no dia a dia da instituição, nada mais pode fazer contra a pesca predatória e o desmatamento. Haja vista que Minas persistiu, pelo quinto ano consecutivo, como o estado que mais derrubou Mata Atlântica do país.

Já criticávamos os governos Aécio Neves pelo baixo percentual de regularização fundiária das Unidades de Conservação (UCs). No governo Anastasia, ele chegou próximo a zero. Os parques foram praticamente abandonados à sua sorte e ao heroísmo de seu gerentes, em meio a todo tipo de dificuldades. Até os recursos da compensação ambiental que, por vinculação, são destinados a eles, foram sequestrados e desviados para outras áreas da administração pública. Satisfação alguma foi dada à sociedade. Nem mesmo ao Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam). Os sintomas de autoritarismo governamental e exclusão da sociedade nas políticas ambientais que já se esboçavam no governo anterior foram aprimorados.

A descentralização do Copam, que já mostrava sinais de ineficiência e negatividade devido à forma como foi feita no governo Aécio Neves, piorou ainda mais. Pareceres incorretos, tendenciosos, alinhamento das secretarias de governo na concessão de licenças com propostas inaceitáveis ambientalmente tornaram-se ainda mais comuns.

Na discussão e votação do Código Florestal brasileiro, o governo de Minas “fingiu não existir”, apesar de implicações diversas e graves que teriam no estado. Já na votação da Lei Florestal Mineira, Adriano Magalhães não perdia oportunidade de nos dizer que o governo estava preparando uma proposta de Projeto de Lei para ser discutido com a sociedade. Enviaram-no fechado à Assembleia e ele ainda teve coragem de dizer que não deu tempo de discuti-lo com a sociedade, e mesmo com o Copam que, por lei, tem a competência de definir diretrizes da política ambiental no estado, porque os ruralistas estavam pressionando muito. E daí pra frente, tudo correu como os ruralistas queriam, sob as bênçãos do Palácio Tiradentes.

O governo Anastasia foi provavelmente o que menos criou UCs de proteção integral e que menos investiu na estruturação das já existentes. Na Rio + 20, Adriano Magalhães discursou, pintando um quadro otimista do estado e anunciando a criação de mais de meio milhão de hectares de áreas protegidas na região Norte de Minas, que abriga ainda expressiva biodiversidade. Ficou na conversa! Nem mesmo a implantação do  Sistema de Áreas Protegidas do Vetor Norte, destinado a proteger a região apoiada diretamente (e ironicamente!) por ele quando era vice-governador foi concluída.

Um dos “cantos de sereia”  do governo, alardeado por Adriano Magalhães, foi a modernização na gestão de parques através do compartilhamento com a iniciativa privada ou organizações não governamentais, à semelhança do que acontece em diversos países, como alternativa ao descaso e ao desinteresse histórico pelos mesmos por parte do Governo. O “canto” morreu no descaso e desprezo pela proteção do meio ambiente desse governo.

E assim chegou ao fim o governo iniciado por Anastasia e terminado por Alberto Pinto Coelho: os parques atravessaram a violenta seca de 2014 sem veículos para transportar brigadistas e equipamentos de combate aos incêndios. No dia 17 de novembro o governo suspendeu a compra de combustível para abastecer ou poucos veículos que ainda restavam nas Unidades de Conservação, situação que permanece até hoje.

Ainda não temos sinalização clara de como será o governo de  Fernando Pimentel, do PT. Mas a forma como está sendo discutida a crise hídrica do estado já preocupa. Assim como em SP, cujo governo continua ser do PSDB, a culpa é de “São Pedro”, das perdas na estrutura de abastecimento, da falta de obras faraônicas etc. Sobre degradação das bacias, nada. O duro é pensar que ele pode ser pior do que o governo anterior.

*Dalce Ricas é Superintendente Executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente (AMDA), instituição membro do Observatório do Código Florestal

*Na discussão e votação do Código Florestal brasileiro, o governo de Minas “fingiu não existir”, apesar de implicações diversas e graves que teriam no estado. E assim chegou ao fim o governo iniciado por Anastasia e terminado por Alberto Pinto Coelho: os parques atravessaram a violenta seca de 2014 sem veículos para transportar brigadistas e equipamentos de combate aos incêndios. No dia 17 de novembro o governo suspendeu a compra de combustível para abastecer ou poucos veículos que ainda restavam nas Unidades de Conservação, situação que permanece até hoje. Ainda não temos sinalização clara de como será o governo de Fernando Pimentel, do PT. Mas a forma como está sendo discutida a crise hídrica do estado já preocupa. Assim como em SP, cujo governo continua ser do PSDB, a culpa é de “São Pedro”, das perdas na estrutura de abastecimento, da falta de obras faraônicas etc. Sobre degradação das bacias, nada. O duro é pensar que ele pode ser pior do que o governo anterior.

 

Gray will also be the new government of Minas?

Dalce Rich*

Sad and gray government was to Antonio Augusto Anastasia in the environmental area. When he was vice governor Aécio Neves demonstrated in several moments concern and solidarity with the environmental cause. His position was crucial in the fight against the construction of the airport in the State Park buffer zone do Rio Doce, the largest Atlantic Forest reserve in Minas, and the inclusion of a condition for Protected Areas System deployment in northern BH Vector, whose magnificent environmental and scientific heritage, composed of hundreds of caves in the karst region of Lagoa Santa, were previously convicted by the decision to pull the growth of Belo Horizonte for the region. Therefore, we believed that as governor, would strengthen the environmental attitude of the government. But we were very wrong.

The appointment of Adriano Magalhaes for the environmental secretariat bold changes brought promises. His opening speech was to work with planning, priority setting and administrative modernization of the folder. The time was passing.Planning became absurd, dictatorial centralization of power in his office and the Secretary of Regularization Maria Claudia Pinto. Modernization, if there was not brought results. On the contrary, he handed the EGM (General Audit of the State) the power to beat at all, even more bureaucratized processes that should be simple. This, coupled with the government’s decision to centralize everything in the Planning Secretariat, which has appreciation and respect for environmental, transformed simple shopping in lengthy processes and often useless. The definition of priorities, ditto. He never left the conversation. And if it happened, it was not to benefit the environment or sustainability.

The power of supervision of the State Forestry Institute (IEF) was taken under temporary promise to remedy irregularities and corruption by creating a specific Undersecretary. In fact, the situation worsened as the inspection continued to be made as it was through “operations” periodic. The share of good technicians who worked on the day of the institution, can do no more against overfishing and deforestation. Considering that Gerais persisted for the fifth consecutive year as the state that most overthrew Atlantic Forest of Brazil.

We criticized since the Aécio Neves governments by the low percentage of regularization of Conservation Units (CUs). Anastasia in the government, he came close to zero. The parks were virtually abandoned to their fate and the heroism of his managers, amid all sorts of difficulties. Even the resources of environmental compensation for binding, are intended for them, they were hijacked and diverted to other areas of public administration. Some satisfaction was given to the society. Not even the State Environmental Policy Council (Copam). Symptoms of government authoritarianism and exclusion from society in environmental policies already sketched in the previous government have been enhanced.

Decentralization of Copam, which already showed signs of inefficiency and negativity because of the way it’s been done in the government Aécio Neves has even worsened. incorrect opinions, biased, alignment of departments of government in licensing with unacceptable proposals environmentally become even more common.

In the discussion and voting of the Brazilian Forest Code, the government of Minas “pretended not exist,” despite several and serious implications that would have on the state. In the vote of the Mining Forestry Law, Adriano Magalhaes lost no opportunity to tell us that the government was preparing a draft bill to be discussed with the company. Sent it closed the Assembly and he still had the courage to say that there was not time to discuss it with society, and even with the Copam that, by law, has the power to set guidelines for environmental policy in the state, because the large farmers they were pressing too much. And from then on, everything went as large farmers wanted, under the blessings of Tiradentes Palace.

Government Anastasia was probably the least created strict protection PAs and less invested in the structuring of existing ones. At Rio + 20, Adriano Magalhaes spoke, painting an optimistic picture of the state and announcing the creation of more than half a million hectares of protected areas in the northern region of Minas, which houses still significant biodiversity. It was the conversation! Not even the implementation of the North Vector Protected Areas System, designed to protect the region supported directly (and ironically!) For him when he was deputy governor was completed.

One of the “siren song” of the government, trumpeted by Adriano Magalhaes, was the modernization of park management by sharing with the private sector or non-governmental organizations, similar to what happens in many countries as an alternative to neglect and disinterest history by the same by the Government. The “corner” died in neglect and disregard for the environment that government protection.

And so it came to an end the government started by Anastasia and ended by Alberto Pinto Coelho: parks crossed the violent drought in 2014 without vehicles to transport firefighters and fire-fighting equipment. On November 17 the government suspended the purchase of fuel for vehicles or few still left in the protected areas, a situation that remains today.

We still have no clear signal as will be the government of Fernando Pimentel, PT.But the way is being discussed the water crisis the state is already worrying. As in SP, whose government continues to be the PSDB, is the fault of “Peter”, the losses in the supply structure, the lack of pharaonic works etc. About degradation of basins, nothing. Hard to think that it can be worse than the previous government.

* Dalce Rich is the Executive Superintendent of the Mining Association of Environmental Defense (AMDA), Observatory member institution of the Forest Code

*In the discussion and voting of the Brazilian Forest Code, the government of Minas “pretended not exist,” despite several and serious implications that would have on the state. And so it came to an end the government started by Anastasia and ended by Alberto Pinto Coelho: parks crossed the violent drought in 2014 without vehicles to transport firefighters and fire-fighting equipment. On November 17 the government suspended the purchase of fuel for vehicles or few still left in the protected areas, a situation that remains today. We still have no clear signal as will be the government of Fernando Pimentel, PT. But the way is being discussed the water crisis the state is already worrying. As in SP, whose government continues to be the PSDB, is the fault of “Peter” losses in the supply structure, the lack of pharaonic works etc. About degradation of basins, nothing. Hard to think that it can be worse than the previous government.

Gray también será el nuevo gobierno de Minas?

Dalce Rich*
Gobierno triste y gris estaba a Antonio Augusto Anastasia en el área ambiental. Cuando fue vice gobernador Aécio Neves demostrado en varios momentos preocupación y solidaridad con la causa ambiental. Su posición era crucial en la lucha contra la construcción del aeropuerto en la zona de amortiguamiento State Park do Rio Doce, la mayor reserva de bosque atlántico en Minas, y la inclusión de una condición para el despliegue del sistema de zonas protegidas en el norte de BH vector, cuya magnífica patrimonio ambiental y científico, compuesto por cientos de cuevas en la región kárstica de Lagoa Santa, fueron condenados previamente por la decisión de retirar el crecimiento de Belo Horizonte para la región. Por lo tanto, creíamos que como gobernador, fortalecería la actitud ambiental del gobierno. Pero estábamos muy mal.

La designación de Adriano Magalhaes para la secretaría del medio ambiente trajo cambios audaces promesas. Su discurso de apertura fue trabajar con la planificación, el establecimiento de prioridades y la modernización administrativa de la carpeta. El tiempo pasó. Planificación convirtió absurda centralización, dictatorial del poder en su oficina y el Secretario de Regularización María Claudia Pinto. La modernización, no si había traído resultados. Por el contrario, le entregó el EGM (Auditoría General del Estado) el poder para vencer a todos, incluso los procesos más burocratizadas que deben ser simples. Esto, junto con la decisión del gobierno de centralizar todo en la Secretaría de Planificación, que tiene reconocimiento y respeto por el medio ambiente, transforma sencilla compras en procesos largos y con frecuencia inútil. La definición de prioridades, ídem. Nunca salió de la conversación. Y si sucedió, no fue en beneficio del medio ambiente o la sostenibilidad.

El poder de supervisión del Instituto Estatal Forestal (IEF) fue tomada bajo la promesa temporal para remediar las irregularidades y la corrupción mediante la creación de una Subsecretaría específica. De hecho, la situación empeoró a medida que la inspección se siguieron realizando, ya que fue a través de “operaciones” periódica. La proporción de buenos técnicos que trabajaron en el día de la institución, no puede hacer más contra la pesca excesiva y la deforestación. Teniendo en cuenta que Gerais persistió por quinto año consecutivo como el estado que más derrocaron Bosque Atlántico de Brasil.

Hemos criticado desde los gobiernos Aécio Neves por el bajo porcentaje de regularización de Unidades de Conservación (UC). Anastasia en el gobierno, que estuvo cerca de cero. Los parques fueron prácticamente abandonados a su suerte y el heroísmo de sus administradores, en medio de todo tipo de dificultades. Incluso los recursos de compensación ambiental para la unión, están destinados para ellos, que fueron secuestrados y desviados a otras áreas de la administración pública. Algunos satisfacción fue dado a la sociedad. Ni siquiera el Consejo de Política Ambiental del Estado (Copam). Los síntomas de autoritarismo del gobierno y la exclusión social en las políticas ambientales ya esbozado en el gobierno anterior se han mejorado.

La descentralización de Copam, que ya mostraba signos de ineficiencia y la negatividad por la forma en que se ha hecho en el gobierno de Aécio Neves incluso ha empeorado. opiniones erróneas, sesgadas, la alineación de los departamentos de gobierno en la concesión de licencias con las propuestas inaceptables para el medio ambiente se vuelven aún más común.

En la discusión y votación del Código Forestal de Brasil, el gobierno de Minas “no fingió existe”, a pesar de varios y graves consecuencias que supone para el estado.En la votación de la Ley Forestal Minería, Adriano Magalhaes no perdió oportunidad de decirnos que el gobierno estaba preparando un proyecto de ley para ser discutido con la empresa. Envió cerrado la Asamblea y todavía tenía el valor de decir que no había tiempo para discutir con la sociedad, e incluso con la Copam que, por ley, tiene el poder de establecer directrices de la política ambiental en el estado, debido a que los grandes agricultores que estaban presionando demasiado. Y a partir de ese momento, todo salió como querían los grandes agricultores, bajo las bendiciones de Tiradentes Palace.

Gobierno Anastasia fue probablemente las áreas protegidas estrictas de protección creados menos y menos invirtió en la estructuración de las ya existentes. En Río + 20, Adriano Magalhaes habló, pintar un cuadro optimista del estado y el anuncio de la creación de más de medio millón de hectáreas de áreas protegidas en la región norte de Minas, que alberga todavía una importante biodiversidad. Era la conversación! Ni siquiera la implementación del Sistema de Áreas Protegidas del Norte vectorial, diseñado para proteger la región apoyado directamente (e irónicamente!) Para él cuando se fue terminada vicegobernador.

Uno de los “cantos de sirena” del gobierno, pregonado por Adriano Magalhaes, fue la modernización de la administración del parque, compartiendo con el sector privado o las organizaciones no gubernamentales, de forma similar a lo que ocurre en muchos países como una alternativa a la negligencia y la falta de interés la historia de la misma por parte del Gobierno. El “rincón” murió en el abandono y descuido del medio ambiente que la protección del gobierno.

Y así llegó a su fin el gobierno comenzó por Anastasia y terminó por Alberto Pinto Coelho: parques cruzaron la sequía violenta en 2014 sin vehículos para el transporte de los bomberos y los equipos de extinción de incendios. El 17 de noviembre, el gobierno suspendió la compra de combustible para vehículos o unos pocos que aún quedan en las áreas protegidas, una situación que sigue siendo hoy en día.

Todavía no tenemos una clara señal de que será el gobierno de Fernando Pimentel, PT. Pero la forma en que se está discutiendo la crisis del agua que el estado ya es preocupante. Al igual que en SP, cuyo gobierno sigue siendo el PSDB, es culpa de “Peter”, las pérdidas en la estructura de la oferta, la falta de obras faraónicas, etc.Acerca de la degradación de las cuencas, nada. Es difícil pensar que puede ser peor que el anterior gobierno.

* Dalce rico es el Superintendente General de la Asociación Minera de Defensa Ambiental (AMDA), institución miembro del Observatorio del Código Forestal

*En la discusión y votación del Código Forestal de Brasil, el gobierno de Minas “no fingió existe”, a pesar de varios y graves consecuencias que supone para el estado. Y así llegó a su fin el gobierno comenzó por Anastasia y terminó por Alberto Pinto Coelho: parques cruzaron la sequía violenta en 2014 sin vehículos para el transporte de los bomberos y los equipos de extinción de incendios. El 17 de noviembre, el gobierno suspendió la compra de combustible para vehículos o unos pocos que aún quedan en las áreas protegidas, una situación que sigue siendo hoy en día. Todavía no tenemos una clara señal de que será el gobierno de Fernando Pimentel, PT. Pero la forma en que se está discutiendo la crisis del agua que el estado ya es preocupante. Al igual que en SP, cuyo gobierno sigue siendo el PSDB, es culpa de “Peter” pérdidas en la estructura de la oferta, la falta de obras faraónicas, etc. Acerca de la degradación de las cuencas, nada. Es difícil pensar que puede ser peor que el anterior gobierno.

Proposta para ajudar a financiar a recuperação de mananciais

Proposta para ajudar a financiar a recuperação de mananciais

Roberto Resende *

A importância da conservação e recuperação das florestas e dos solos ficam mais evidentes nesta época de crise da água. Para isso, é preciso lembrar da importância de políticas públicas para gestão dos recursos naturais. Estas podem ter diversas formas, como o planejamento, a educação ambiental e o comando e controle, que inclui o licenciamento e a fiscalização.

Nos últimos tempos e cada vez mais vem à tona os chamados instrumentos econômicos. Estes também têm vários tipos, sendo os Pagamentos por Serviços Ambientais (PSAs) um dos mais conhecidos e falados. Em geral se definem os serviços ecossistêmicos como os prestados pela natureza à sociedade humana (a regulação do clima, a oferta de água, etc). Já os serviços ambientais são as iniciativas individuais ou coletivas que favorecem a manutenção, recuperação ou melhoria dos serviços ecossistêmicos.

A proteção dos mananciais, então, é um exemplo concreto de serviço ambiental. O PSA é a retribuição, com dinheiro ou outras formas (comoprestação de serviços, incentivos, políticas públicas específicas e outros benefícios) por este serviço.

Diversos estudiosos, políticos e movimentos apoiam e reivindicam a implantação destes mecanismos, para apoiar as pessoas e comunidades que protegem e melhoram os recursos hídricos, a biodiversidade, a regulação do clima e a passagem, dentre outros serviços.

Mas para isso são necessários alguns elementos. Primeiro, a definição de instituições, incluindo as “regras do jogo”, como a definição de quais serviços ambientais serão prioritários, quem deve pagar e quem deve receber, o tipo de retribuição, critérios para a valoração e monitoramento, entre outros. Junto a isso a simples e fundamental questão: o dinheiro, de onde virá ele virá?

Ao analisar a situação do estado de São Paulo, temos hoje um relativo avanço em termos de estudos e ações de organizações de governo ou não, fundos públicos, projetos piloto e mais de um dispositivo legal prevendo o PSA.

Mas na prática não aconteceu muita coisa. E, neste momento, é importante rever alguns destes pontos, a começar os mecanismos de financiamento para alguma ação mais concreta de incentivo à conservação e recuperação de serviços ambientais, com destaque para a água.

Começando pelo Executivo Federal, temos a necessidade de tirar do papel o trecho (o artigo 41) da nova Lei Florestal que trata de programa de apoio e incentivo à conservação e recuperação ambiental de forma integrada à produção agropecuária e florestal e que inclui PSA, incentivos tributários, de crédito e de apoio à produção e comercialização.

No Congresso tramita o Projeto de Lei (PL) 792, de 2007, sobre a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Seu último movimento foi na Comissão de Finanças e Tributação. O PL segue em discussão, entretanto é importante lembrar que, em seu atual formato, limita o pagamento referente às Áreas de Preservação Permanente (APPs) e de Reserva Legal – apenas em bacias críticas indicadas em ato conjunto de órgãos federais de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos.

A nível estadual já temos leis, faltando apenas ajustes ou mesmo a sua aplicação efetiva. Uma fonte lembrada para estes recursos é o ICMS Ecológico, que é um tipo de instrumento econômico que remunera as prefeituras, não as pessoas. São Paulo, em 1994, foi um dos primeiros estados a ter esse tipo de lei, mas depois de tanto tempo em vigência  é preciso que essa legislação seja atualizada pois hoje ela não é capaz de contribuir para o bom manejo dos recursos naturais. O ICMS Ecológico de São Paulo é uma forma de calcular a divisão entre os municípios da parte do Imposto sobre Mercadorias e Serviços (ICMS). Essa divisão da chamada cota parte considera diversos critérios, tendo maiores pesos na partilha a população, a atividade econômica e a arrecadação de cada município. Uma pequena fatia de quatro por cento segue critérios de incentivo e compensação em três temas: agricultura (3 %), áreas inundadas por hidrelétricas (0,5 %) e espaços ambientalmente protegidos (0,5 %).

Sem entrar no mérito dos critérios e proporção entre eles, chamamos a atenção para alguns pontos que merecem uma rápida revisão:

•Não há critérios de monitoramento ou de vinculação para o uso destes recursos pelos municípios , que dispõem a seu critério. A regulamentação, senão é possível no nível estadual, poderia ser feita em escala municipal, priorizando uso destes recursos conforme as condições locais.

•Para a agricultura é considerada apenas a área cultivada de cada município, sem critérios como de produtividade, empregos e sustentabilidade ambiental.

•Somente são objeto de compensação as Unidades de Conservação (UCs) criadas pelo Governo estadual, excluindo as federais, municipais e particulares, diferente de outros Estados.

•A compensação para UCs de uso sustentável é irrelevante (no caso das Áreas de Proteção Ambiental – APAs) ou zero (as Reservas Extrativistas e de Desenvolvimento Sustentável).

•As áreas de proteção de mananciais cridas pelo Estado (como Billings e Guarapiranga) também não geram compensação.

•As represas de abastecimento público de água, como as do Alto Tietê e do Sistema Cantareira não são contempladas (somente as hidrelétricas), entendimento que também não contribui para o enfrentamento da atual crise.

Uma maneira prática de avaliar a prioridade dada a um tema na política pública é o orçamento. Assim um bom exercício é buscar expressões como mananciais, mudanças climáticas,  meio ambiente, recursos hídricos, discriminados na lei orçamentária para 2015 (Lei 15.646/2014). Isso ajuda a entender melhor como são (ou não) aplicadas as leis existentes.

Outro aspecto em que São Paulo já teve mais protagonismo é o Sistema de Recursos Hídricos, com um grande aparato institucional. Existe um grande acúmulo técnico e de organizações, com Comitês de Bacia instalados em todas as regiões e mecanismo como a cobrança pelo da água. Os Fundos assim disponíveis no orçamento do Estado para 2015 são cerca de R$ 138 milhões, mas na prática os regulamentos e práticas deste Sistema impedem a aplicação destes em pagamentos por serviços ambientais.

São Paulo tem uma legislação de Política Estadual de Mudanças Climáticas (Lei 13.798/2009 e Decreto 55.947/2010) que prevê o PSA. Entretanto, o Fundo de Controle de Poluição (FECOP), encarregado de executar tais pagamentos tem somente R$ 10 previstos no orçamento de 2015.

Agora com a nova lei estadual que trata do Código Florestal em São Paulo, cria-se uma nova oportunidade. A nova lei autoriza o Governo a criar programa de PSA, priorizando a agricultura familiar e os mananciais.

Propõe-se com estes pontos acima uma agenda mínima para que tenhamos melhores e mais efetivas políticas públicas para a proteção e recuperação dos mananciais em São Paulo, envolvendo as pessoas e a comunidades que prestem serviços ambientais. (Publicado originalmente no Blog do Planeta da revista Época).

*Roberto Resende é agrônomo e Presidente da Iniciativa Verde

*Roberto Resende propõe uma agenda mínima para usar a oportunidade aberta pela nova lei que regulamenta o Código Florestal em São Paulo, com a autorização de criação de programas de Pagamentos de Serviços Ambientais.

Proposal to help finance the recovery of watersheds

Roberto Resende*
The importance of conservation and restoration of forests and soils become more evident this time of the water crisis. For this, we must remember the importance of public policies for natural resource management. These can take many forms, such as planning, environmental education and the command and control, which includes the licensing and inspection.

In recent times and increasingly comes the so-called economic instruments afloat.These also have various types, and the Payment for Environmental Services (PSA’s) one of the best known and spoken. It is generally defined as the ecosystem services provided by nature to human society (climate regulation, water supply, etc). Already environmental services are individual or collective initiatives that favor the maintenance, restoration or enhancement of ecosystem services.

The protection of water sources, then, is a concrete example of environmental service. The PSA is retribution, with money or other forms (comoprestação services, incentives, specific public policies and other benefits) for this service.

Many scholars, politicians and movements support and demand the implementation of these mechanisms, to support people and communities that protect and improve water resources, biodiversity, climate regulation and the passage, among other services.

But this requires some elements. First, the definition of institutions, including the “rules of the game”, as the definition of what environmental services will be a priority, who should pay and who should get the kind of return, criteria for evaluation and monitoring, among others. Along with this simple and fundamental question: money, where will it come?

In analyzing the situation of the state of São Paulo, we have today a relative improvement in terms of studies and actions of government organizations or not, public funds, pilot projects and more than one legal provision providing for the PSA.

But in practice it not much happened. And this time, it is important to review some of these points, beginning with funding mechanisms for some more concrete action to encourage the conservation and restoration of environmental services, especially water.

Starting with the Federal Executive, we need to take the role of the stretch (Article 41) of the new Forest Act which deals with support programs and incentives for conservation and rehabilitation in an integrated manner to agricultural and forestry production, which includes PSA, incentives tax, credit and support the production and marketing.

Congress clears the bill (PL) 792, 2007 on the National Policy on Payment for Environmental Services. His last move was in the Finance and Taxation Committee. The bill follows in discussion, though it is important to remember that, in its current form, limits the payment for the Permanent Preservation Areas (PPAs) and Legal Reserves – only in critical indicated basins act set of federal agencies for the Environment and Water resources.

At the state level we have laws, with only adjustments or even their effective application. A source remembered for these resources is the Ecological VAT, which is a kind of economic instrument that pays local governments, not people.São Paulo, in 1994, was one of the first states to have this kind of law, but after so long in force is necessary that this legislation is updated for today it is not able to contribute to the proper management of natural resources. The Ecological ICMS of São Paulo is a way to calculate the division between the municipalities of part of the tax on sales and services (ICMS). This division of the called party quota considers various criteria, with higher weights in sharing the population, economic activity and the collection of each municipality.

Without going into the merits of the criteria and proportion between them, we draw attention to some points that deserve a quick review:

• There are no criteria for monitoring or binding for the use of these resources by the municipalities, which have at their discretion. The regulation, if it is possible at the state level could be made at the municipal level, prioritizing use of these resources according to local conditions.

• For agriculture it is considered only the acreage of each municipality, without criteria and productivity, jobs and environmental sustainability.

• Only are subject to compensation Conservation Units (CUs) created by the state government, excluding federal, municipal and private, unlike other states.

• Compensation for sustainable use UCs is irrelevant (in the case of Environmental Protection Areas – APAs) or zero (Extractive Reserves and Sustainable Development).

• The watershed protection areas cridas state (as Billings and Guarapiranga) does not generate compensation.

• The dams of public water supply, such as the Alto Tiete and the Cantareira System are not covered (the dams only), understanding that does not contribute to combat the current crisis.

A practical way to evaluate the priority given to a topic in public policy is the budget. So a good exercise is to seek expressions such as water sources, climate change, environment, water resources, itemized in the budget law for 2015 (Law 15,646 / 2014). This helps to better understand how they are (or not) apply existing laws.

Another aspect in which St. Paul has had more protagonism is the Water Resources System, with a large institutional apparatus. There is a great technical accumulation and organizations with Basin Committees installed in all regions and mechanism such as charging for water. The funds thus available in the state budget for 2015 is approximately R $ 138 million, but in practice the regulations and practices of this system prevent the implementation of these payments for environmental services.

São Paulo has a law State Policy on Climate Change (Law 13,798 / 2009 and Decree 55,947 / 2010) which provides for the PSA. However, the Pollution Control Fund (FECOP), responsible for carrying out such payments has only R $ 10 foreseen in the 2015 budget.

Now with the new state law that deals with the Forest Code in São Paulo, it creates a new opportunity. The new law authorizes the Government to create PSA program, giving priority to family farms and water sources.

It is proposed with these points above a minimum agenda so that we have better and more effective public policies for the protection and recovery of water sources in São Paulo, involving people and communities that provide environmental services. (Originally published on Planet Blog journal season).

* Roberto Resende is agronomist and president of Green Initiative

*Roberto Resende proposes a minimum agenda to use the opportunity opened by the new law regulating the Forest Code in São Paulo, with the authorization of creation of Environmental Services Payments programs.

Propuesta para ayudar a financiar la recuperación de las cuencas hidrográficas

Roberto Resende *
La importancia de la conservación y la restauración de los bosques y los suelos se hacen más evidentes en esta ocasión de la crisis del agua. Para ello, hay que recordar la importancia de las políticas públicas para la gestión de los recursos naturales. Estos pueden tomar muchas formas, tales como la planificación, la educación ambiental y el mando y control, que incluye la autorización e inspección.

En los últimos tiempos viene y cada vez más los llamados instrumentos económicos a flote. Estos también tienen varios tipos, y el pago por servicios ambientales (PSA) uno de los más conocidos y hablado. En general se define como los servicios de los ecosistemas proporcionados por la naturaleza de la sociedad humana (regulación del clima, abastecimiento de agua, etc.). En cuanto a los servicios ambientales son las iniciativas individuales o colectivas que favorecen el mantenimiento, restauración o mejora de los servicios del ecosistema.

La protección de las fuentes de agua, a continuación, es un ejemplo concreto del servicio ambiental. El PSA es una retribución, con dinero u otras formas (servicios comoprestação, incentivos, políticas públicas específicas y otros beneficios) para este servicio.

Muchos estudiosos, políticos y movimientos apoyan y exigen la aplicación de estos mecanismos, para apoyar a las personas y comunidades que proteger y mejorar los recursos hídricos, la biodiversidad, la regulación del clima y el paso, entre otros servicios.

Pero esto requiere de algunos elementos. En primer lugar, la definición de las instituciones, incluyendo las “reglas del juego”, como la definición de cuáles son los servicios ambientales serán una prioridad, quién debe pagar y quién debe recibir el tipo de cambio, criterios de evaluación y seguimiento, entre otros. Junto a esta pregunta simple y fundamental: el dinero, dónde va a venir?

Al analizar la situación del estado de Sao Paulo, tenemos hoy una mejora relativa en términos de estudios y acciones de las organizaciones gubernamentales o no, los fondos públicos, proyectos piloto y más de una disposición legal que establecen la PSA.

Pero en la práctica no pasó mucho. Y esta vez, es importante revisar algunos de estos puntos, a partir de los mecanismos de financiación para la acción más concreta para fomentar la conservación y la restauración de los servicios ambientales, en especial el agua.

Empezando por el Ejecutivo Federal, tenemos que tomar el papel del tramo (artículo 41) de la nueva Ley Forestal que se ocupa de los programas de apoyo e incentivos para la conservación y rehabilitación de manera integrada a la producción agrícola y forestal, que incluye PSA, incentivos impuestos, crédito y apoyo a la producción y comercialización.

Congreso despeja el proyecto de ley (PL) 792, de 2007, sobre la Política Nacional de Pago por Servicios Ambientales. Su último movimiento fue en el Comité de Finanzas y Tributación. El proyecto de ley sigue en discusión, aunque es importante recordar que, en su forma actual, limita el pago de las Áreas de Preservación Permanente (APP) y Reservas Legales – sólo en cuencas indicadas críticos actúan conjunto de las agencias federales de Medio Ambiente y Recursos hídricos.

A nivel estatal tenemos leyes, con sólo ajustes o incluso su aplicación efectiva.Una fuente recordado por estos recursos es el IVA Ecológico, que es un tipo de instrumento económico que paga los gobiernos locales, no personas. Sao Paulo, en 1994, fue uno de los primeros estados que tienen este tipo de ley, pero después de tanto tiempo en vigor es necesario que esta legislación se actualice por hoy no es capaz de contribuir a la correcta gestión de los recursos naturales.El ICMS Ecológico de San Pablo es una manera de calcular la división entre los municipios de la parte del impuesto sobre ventas y servicios (ICMS). Esta división de la llamada cuota parte considera varios criterios, con los pesos más altos en el intercambio de la población, la actividad económica y la colección de cada municipio.

Sin entrar en los méritos de los criterios y la proporción entre ellos, llamamos la atención sobre algunos puntos que merecen una revisión rápida:

• No existen criterios para el seguimiento o vinculante para el uso de estos recursos por parte de los municipios, que tienen a su discreción. La regulación, si es posible a nivel estatal podría hacerse a nivel municipal, priorizando el uso de estos recursos de acuerdo a las condiciones locales.

• Para la agricultura se considera únicamente la superficie de cada municipio, sin criterios y la productividad, el empleo y la sostenibilidad ambiental.

• Sólo están sujetos a compensación de Unidades de Conservación (CUS) creadas por el gobierno estatal, excluyendo federales, municipales y privadas, a diferencia de otros estados.

• La compensación por UCs de uso sostenible es irrelevante (en el caso de las Áreas de Protección Ambiental – APAs) o cero (reservas extractivas y desarrollo sostenible).

• Las áreas de protección de cuencas cridas estado (como Billings y Guarapiranga) no genera indemnización.

• Los embalses de abastecimiento público de agua, como el Alto Tietê y el Sistema Cantareira no están cubiertos (sólo las presas), entendiendo que no contribuye a la lucha contra la crisis actual.

Una forma práctica de evaluar la prioridad que se da a un tema en la política pública es el presupuesto. Por lo que un buen ejercicio es la búsqueda de expresiones tales como fuentes de agua, el cambio climático, medio ambiente, recursos hídricos, detalladas en la ley de presupuesto para el año 2015 (Ley 15.646 / 2014). Esto ayuda a entender mejor la forma en que son (o no) se aplican las leyes vigentes.

Otro aspecto en el que St. Paul ha tenido más protagonismo es el sistema de recursos hídricos, con un gran aparato institucional. Hay una gran acumulación de técnicas y organizaciones con los Comités de Cuenca instalados en todas las regiones y mecanismo como el cobro del agua. Los fondos así disponibles en el presupuesto del Estado para el año 2015 es de aproximadamente R $ 138 millones, pero en la práctica las normas y prácticas de este sistema impiden la aplicación de estos pagos por servicios ambientales.

Sao Paulo tiene una ley de Política de Estado sobre el Cambio Climático (Ley 13.798 / 2009 y el Decreto 55.947 / 2010), que prevé la PSA. Sin embargo, el Fondo de Control de la Contaminación (Fecop), responsable de la realización de dichos pagos sólo tiene R $ 10 previsto en el presupuesto 2015.

Ahora, con la nueva ley estatal que se ocupa del Código Forestal en Sao Paulo, se crea una nueva oportunidad. La nueva ley autoriza al Gobierno para crear programa de PSA, dando prioridad a la agricultura familiar y las fuentes de agua.

Se propone con estos puntos por encima de una agenda mínima para que tengamos mejores y más efectivas políticas públicas para la protección y recuperación de las fuentes de agua en Sao Paulo, involucrando a las personas y comunidades que proporcionan servicios ambientales. (Publicado originalmente en Planet Blog temporada de la revista).

* Roberto Resende es agrónomo y presidente de Iniciativa Verde

*Roberto Resende propone una agenda mínima para aprovechar la oportunidad abierta por la nueva ley que regula el Código Forestal en Sao Paulo, con la autorización de la creación de programas de Servicios Medioambientales Pagos.